Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Australie (Ratification: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2024, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 12 de septiembre de 2024.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 112.ª reunión, junio de 2024)

La Comisión recuerda la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la Conferencia durante la 112.ª reunión de la Conferencia, que se celebró en junio de 2024, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión también toma nota de que, en sus conclusiones, la CAN pidió al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, siguiera elaborando y aplicando políticas de empleo acordes con el Convenio, incluidas las destinadas a aumentar tanto la calidad como la cantidad de los puestos de trabajo para las mujeres. Asimismo, la CAN pidió al Gobierno que, de conformidad con el ciclo regular de presentación de memorias, presentara una memoria sobre la aplicación del Convenio con información sobre los esfuerzos que están realizando para apoyar a los pueblos de las primeras naciones en el mundo del trabajo.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del empleo. La Comisión saluda la información detallada proporcionada por el Gobierno en su memoria sobre las políticas, los programas y las medidas aplicados o previstos a nivel federal y territorial para promover el empleo pleno y libremente elegido. La Comisión toma nota de que, desde que, en 2021, el Gobierno presentó la última memoria sobre el Convenio, se han emprendido importantes reformas, entre ellas la publicación, en 2023, del libro blanco sobre empleo y oportunidades, que establece cinco objetivos fundamentales: i) conseguir el pleno empleo sostenible e inclusivo; ii) promover la seguridad del empleo y un crecimiento salarial fuerte y sostenible; iii) reactivar el crecimiento de la productividad; iv) satisfacer las necesidades de cualificación y constituir la futura fuerza de trabajo, y v) superar los obstáculos para acceder al empleo y ampliar las oportunidades. El libro blanco contiene una hoja de ruta para alcanzar estos objetivos. La Comisión también toma nota del establecimiento, en 2022, de Workforce Australia, que sustituye a Jobactive como servicio nacional de empleo de Australia, para ofrecer un servicio digital permanente a los solicitantes de empleo y un apoyo adaptado a los solicitantes de empleo desfavorecidos. Tras un informe de 2023 sobre el rendimiento de Workforce Australia, el Gobierno ha anunciado medidas adicionales en el presupuesto de 20242025, entre las que se incluyen los programas Empleos reales, salarios reales y Work Foundations, cuyos objetivos son proporcionar subsidios salariales a las personas en riesgo de desempleo de larga duración y apoyar a los empleadores que contratan a solicitantes de empleo que se enfrentan a importantes obstáculos para encontrar trabajo. El Gobierno también indica que, siguiendo las recomendaciones de una comisión parlamentaria especial, el programa Parents Next será sustituido en 2024 por un nuevo servicio de preempleo voluntario que ofrecerá apoyo personalizado a los padres de niños menores de 6 años.

En respuesta a las preocupaciones planteadas por el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) en sus observaciones de 2021, el Gobierno también proporciona información detallada sobre una serie de reformas que abordan la seguridad del empleo, los contratos de duración determinada y el trabajo ocasional. El Gobierno indica que la nueva Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), 2022, exige que la Comisión sobre el trabajo justo (el tribunal del trabajo de Australia) tenga en cuenta la seguridad del empleo en el desempeño de sus funciones. El Gobierno también señala que dicha Ley limita el uso de los contratos de duración determinada a dos años o a dos contratos consecutivos, lo que sea más corto, a menos que se apliquen excepciones. Además, el Gobierno indica que la nueva Ley núm. 2 para colmar lagunas, 2024, introduce un principio interpretativo según el cual la naturaleza efectiva de una relación de trabajo determina si un individuo es un «empleado» o un «empleador», en lugar del texto del contrato de trabajo por sí solo. El Gobierno añade que la Ley núm. 2 introduce una definición objetiva de «empleado ocasional» y establece una vía de conversión al empleo permanente. El Gobierno explica que los empleados que hayan trabajado al menos 6 meses (o 12 meses en pequeñas empresas) pueden solicitar la conversión a empleo permanente, y los empleadores deben responder en un plazo de 21 días, aceptando la conversión o dando razones válidas para rechazarla, como que el empleado continúe cumpliendo la definición de empleado ocasional o motivos de funcionamiento de la empresa justos y razonables. El Gobierno proporciona datos estadísticos sobre el trabajo ocasional, indicando que la proporción de empleados ocasionales, tras las importantes pérdidas sufridas durante la pandemia de COVID-19, se situaba en febrero de 2024 en el 22,4 por ciento, casi en línea con la media de los diez años anteriores a la pandemia, que fue del 24,5 por ciento.

Además, la Comisión toma nota de que, en 2024, la OIE ha indicado que los empleadores australianos opinan que Australia cumple el Convenio, y apoyan ampliamente los esfuerzos del Gobierno para impulsar la participación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, a este respecto, la Comisión también toma nota de las importantes preocupaciones expresadas por la OIE sobre el impacto de las recientes reformas en materia de empleo ocasional, alquiler de mano de obra y contratación independiente. Según la OIE, estas reformas hacen que sea más difícil para los empleadores conseguir la mano de obra que necesitan. Además, la OIE afirma que la flexibilidad es esencial para impulsar la participación en el mercado laboral de muchas categorías de trabajadores, incluidas las mujeres y los jóvenes solicitantes de empleo. La Comisión toma nota de que, en su respuesta, el Gobierno indica que mantiene su compromiso de garantizar que la política del empleo de Australia apoye un mercado de trabajo dinámico e inclusivo en el que las personas tengan la oportunidad de acceder a empleos seguros y bien remunerados, y en el que los trabajadores, los empleadores y las comunidades puedan prosperar y adaptarse. A este respecto, la Comisión observa que, hasta el momento, la tasa de trabajo ocasional en el país parece haberse mantenido casi idéntica a la media de los diez años anteriores a la COVID-19. Según el ILOSTAT, la tasa de desempleo de Australia se mantuvo estable en el 3,7 por ciento en 2023 (3,8 por ciento de los hombres y 3,6 por ciento de las mujeres), en comparación con el 3,5 por ciento de 2022. Sobre la base de la información de la Oficina de Estadística de Australia, la Comisión observa que el subempleo también se ha mantenido estable, con un 6,2 por ciento en octubre de 2024, frente al 6,1 por ciento de octubre de 2022. A este respecto, la Comisión señala una vez más la dificultad de lograr el equilibrio apropiado entre satisfacer el deseo de mayor flexibilidad manifestado por algunas empresas y ciertos trabajadores y, al mismo tiempo, asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer los principios y derechos fundamentales en el trabajo y disfrutar de las protecciones laborales y sociales a las que tienen derecho (véase Estudio General de 2020, Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante, observaciones finales, párrafo 1067, o)). La Comisión también ha hecho hincapié en que las formas atípicas de empleo pueden ayudar a las organizaciones a responder de manera oportuna a las demandas cambiantes y a sustituir temporalmente a los trabajadores ausentes, y facilitar la participación de los trabajadores en el mercado de trabajo, permitiendo a los que lo deseen elegir libremente modalidades de trabajo a tiempo parcial que les permitan conciliar mejor el trabajo, la vida y las responsabilidades familiares. No obstante, los trabajadores en este tipo de acuerdos tienden a estar más expuestos a los déficits de trabajo decente, incluyendo inseguridad laboral, salarios más bajos, brechas en el acceso a la protección social, mayores riesgos de seguridad y salud en el trabajo, y un poder limitado de organización y negociación colectiva (véase Estudio General de 2022, Garantizar un trabajo decente para el personal de enfermería y los trabajadores domésticos, actores claves en la economía del cuidado de personas, párrafo 440).

La Comisión toma nota con interés de las medidas adoptadas por el Gobierno desde 2022, que reflejan un enfoque integrado que persigue el objetivo general de promover el empleo pleno y decente enunciado en los artículos 1 y 2 del Convenio, mediante la creación de un mercado de trabajo más inclusivo, seguro y dinámico. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas y políticas destinadas a alcanzar los objetivos del Convenio, así como sobre su aplicación e impacto. En particular, considerando que la consecución del objetivo del Convenio de lograr el empleo pleno, productivo y libremente elegido no consiste solo en crear más empleos, sino también en crear empleos mejores y decentes, la Comisión solicita al Gobierno que indique si, y en caso de respuesta afirmativa en qué medida, las políticas y medidas nacionales en materia de política del empleo contribuyen a reducir el trabajo inseguro, el subempleo y el desempleo y a impulsar la participación en la fuerza de trabajo de determinadas categorías de trabajadores vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de edad. La Comisión también pide al Gobierno que indique cómo las políticas y medidas antes descritas abordan la cuestión de la flexibilidad del mercado de trabajo a la que se refiere la OIE en sus observaciones.

Pueblos indígenas. La Comisión saluda la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas o previstas, a nivel federal y territorial, para mejorar la educación, la formación profesional y el empleo de los australianos de las primeras naciones. El Gobierno indica que, en un análisis que una comisión especial de la Cámara de Representantes realizó en 2022 sobre los servicios de empleo de Workforce Australia, se consideró que el sistema era insuficiente para los solicitantes de empleo de las primeras naciones y se hicieron varias recomendaciones, que se están examinando en consulta con los pueblos de las primeras naciones. Asimismo, el Gobierno señala que ya se han establecido medidas para apoyar a los pueblos de las primeras naciones dentro de Workforce Australia, que incluyen: i) la expedición de licencias de especialista indígena para prestar un apoyo culturalmente adecuado; ii) la elegibilidad inmediata de las personas de las primeras naciones para recibir subsidios salariales de hasta 10 000 dólares australianos (aproximadamente 6 458 dólares de los Estados Unidos) sin el requisito de haber estado inscritos en los servicios de empleo durante seis meses antes; iii) la financiación adicional para la formación y tutoría de los solicitantes de empleo de las primeras naciones, y iv) el próximo programa Empleos reales, salarios reales, que ofrecerá un subsidio salarial escalonado a las personas en riesgo de desempleo de larga duración, ya que las personas pertenecientes a las primeras naciones representaban el 18,6 por ciento de los desempleados de muy larga duración en mayo de 2024. El Gobierno también indica que está apoyando el empleo de las personas pertenecientes a los pueblos de las primeras naciones a través de varias iniciativas de ámbito regional, entre las que se incluyen: i) los servicios de empleo de Broome, que recibirán 3,7 millones de dólares australianos de financiación a partir de 2025-2026 para continuar proporcionando apoyo adaptado a aproximadamente 840 personas de las primeras naciones, ii) el programa de empleos locales, que ha financiado más de 90 proyectos para mejorar la preparación para el empleo de los participantes de las primeras naciones, y iii) el servicio de empleo de Yarrabah, que comenzó como un proyecto piloto y ahora es un servicio permanente que proporciona apoyo continuo al empleo a través de Workforce Australia, centrándose en un enfoque impulsado por la comunidad y basado en el lugar. El Gobierno añade que apoya la iniciativa empresarial de las personas pertenecientes a las primeras naciones a través del programa de asistencia para el empleo independiente, que proporciona formación empresarial, asesoramiento, tutoría y apoyo financiero a las personas de las primeras naciones. El Gobierno informa de que, entre 2022 y 2024, el programa de asistencia para el empleo independiente contó con 257 participantes de las primeras naciones en sesiones de asesoramiento empresarial, 29 en controles de salud empresarial, 213 en talleres de empleo independiente, 694 en formación para pequeñas empresas y 468 en asesoramiento para pequeñas empresas. El Gobierno también informa sobre los progresos realizados en el marco de la política de contratación indígena, que promueve el emprendimiento de los trabajadores indígenas mediante el establecimiento de objetivos anuales de contratación. El Gobierno indica que, en 2022-2023, más de 1 400 empresas indígenas consiguieron más de 12 000 contratos por un valor de más de 1 400 millones de dólares australianos, superando los objetivos fijados. Además, el Gobierno señala que el servicio de empleo Time to Work —un servicio nacional de preempleo voluntario en prisión para las personas de las primeras naciones— en 2025 se convertirá en el nuevo programa First Nations Prison to Employment, destinado a apoyar el empleo culturalmente seguro y holístico antes y después de la puesta en libertad, con una inversión de 76,2 millones de dólares australianos anunciada en el presupuesto de 2024-2025. Por último, el Gobierno indica que el programa First Nations Engagement in the Transition to Net Zero, que se inició en 2024, tiene por objetivo identificar los obstáculos y las oportunidades para la participación de los pueblos de las primeras naciones en la fuerza de trabajo de la descarbonización, y sus conclusiones se presentarán al Gobierno en 2025.

Volviendo a las preocupaciones planteadas por el ACTU, en sus observaciones de 2021, sobre la baja calidad de los empleos de los programas de desarrollo comunitario, el Gobierno indica que se ha comprometido a sustituir esos programas por el programa de empleos remotos y desarrollo económico. El Gobierno señala que el programa de empleos remotos y desarrollo económico se aplicará en dos etapas, la primera de ellas a partir de 2024, con el objetivo de crear 3 000 empleos significativos en comunidades remotas con al menos el salario y las condiciones laborales mínimas. En la segunda etapa se introducirá un nuevo servicio de empleo remoto. El Gobierno precisa que, para garantizar una transición sin problemas, ha prolongado hasta el 30 de junio de 2025 la mayoría de los acuerdos con los proveedores de los programas de desarrollo comunitario.

En cuanto a los objetivos fijados en el acuerdo nacional para cerrar la brecha de 2020, mencionado en el comentario anterior de la Comisión, el Gobierno indica que, según un informe de 2024, aunque la tasa de empleo de los jóvenes de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres ha aumentado hasta el 58 por ciento, no está en vías de alcanzar el objetivo del 67 por ciento para 2031. En cambio, la tasa de empleo de las personas de entre 25 y 64 años ha mejorado hasta el 55,7 por ciento, lo que muestra un buen progreso y se mantiene en la senda para alcanzar el objetivo del 62 por ciento en 2031. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada y detallada, incluidos datos estadísticos, sobre el impacto de los esfuerzos realizados por el Gobierno para aumentar las oportunidades de empleo sostenible de los australianos de las primeras naciones.

Mujeres. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha introducido una serie de medidas nacionales destinadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo de las mujeres, centrándose en la igualdad salarial, el apoyo a las mujeres que compaginan su trabajo con sus responsabilidades familiares y la promoción de un lugar de trabajo seguro. En lo que respecta a la igualdad salarial, la Comisión toma nota de que Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), 2022, introdujo diversas enmiendas en la Ley sobre el Trabajo Justo, 2009, en particular para: i) exigir que la comisión sobre el trabajo justo tenga en cuenta la igualdad de género y la seguridad del empleo en el desempeño de sus funciones; ii) eliminar la necesidad de tener que elegir un «comparador hombre» fiable en las reclamaciones de igualdad de retribución y permitir que se tenga en cuenta la infravaloración histórica basada en el género; iii) establecer un nuevo grupo de expertos sobre la igualdad de remuneración entre los géneros dentro de la comisión sobre el trabajo justo; iv) mejorar el acceso a la negociación en los sectores con salarios más bajos, en los que predominan las mujeres a fin de negociar mejores condiciones salariales y laborales, y v) prohibir las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo. El Gobierno informa de que estas enmiendas han dado lugar a aumentos salariales significativos que benefician a las mujeres, en particular a través de las decisiones de la comisión sobre el trabajo justo de: i) aumentar el salario mínimo nacional en un 8,6 por ciento en 2023, el mayor incremento registrado, que se espera que beneficie a los trabajadores con salarios bajos, que suelen ser mujeres, y ii) aumentar los salarios en el sector de los cuidados de personas mayores hasta en un 28,5 por ciento, tras constatarse una infravaloración basada en el género. En cuanto al apoyo a las mujeres que compaginan su trabajo con sus responsabilidades familiares, el Gobierno indica que la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), 2022, hizo aplicable el derecho a solicitar modalidades de trabajo flexibles y prórrogas del permiso parental no remunerado. El Gobierno añade que la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (protección de los derechos de los trabajadores), 2023, aumentó el acceso al permiso parental no retribuido, estableciendo que ambos progenitores pueden disfrutar de hasta 12 meses de permiso parental no retribuido y permitiéndoles tomar hasta 100 días de forma flexible, incluso si se trata de días sueltos. En cuanto a la promoción de los lugares de trabajo seguros, el Gobierno indica que: i) la Ley de enmienda de la ley contra la discriminación y de derechos humanos (respeto en el trabajo), 2022, introdujo la obligación de los empleadores de eliminar la discriminación y el acoso por motivo de sexo en el lugar de trabajo, y ii) la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (licencia retribuida por violencia familiar y doméstica), 2022, estableció diez días anuales de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica. La Comisión también toma nota de que Australia ratificó el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) el 9 de junio de 2023. Además, el Gobierno proporciona información sobre las medidas adoptadas a nivel territorial para mejorar la cantidad y la calidad de los empleos para las mujeres, incluidos los programas de apoyo a la carrera profesional, la financiación para las mujeres en las industrias dominadas por los hombres y las iniciativas de liderazgo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las políticas destinadas a mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo de las mujeres, así como información, incluidos datos estadísticos, sobre su impacto en el empleo de las mujeres en la práctica.

Artículo 3. Consultas con las personas interesadas, en particular con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre las consultas celebradas a nivel federal y territorial con los representantes de las personas interesadas por las medidas que deben adoptarse, en particular, con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. El Gobierno destaca que, en 2022, organizó una cumbre sobre empleo y competencias, que reunió a representantes de los empleadores, los trabajadores, la sociedad civil y el Gobierno, y que desembocó en el libro blanco sobre empleo y oportunidades, que expone la visión del Gobierno sobre el empleo en Australia. El Gobierno también indica que consulta a los interlocutores sociales a través de foros sectoriales e industriales regulares, como el foro nacional de la industria de la construcción. Asimismo, el Gobierno especifica que se consultó a las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, para la reciente creación del nuevo servicio de preempleo voluntario para padres, el programa Work Foundations y el nuevo programa First Nations Prison to Employment. Además, el Gobierno informa de que ha llevado a cabo una consulta pública sobre el establecimiento de un nuevo modelo de empleo para las personas con discapacidad, y que ha colaborado con las partes interesadas —incluidos trabajadores con discapacidad, empleadores, proveedores de servicios y académicos— a través de presentaciones y reuniones. El Gobierno también indica que, a través del grupo consultivo de empleo juvenil, está consultando a los jóvenes de entre 16 y 25 años sobre las políticas y los programas de empleo juvenil. Por último, el Gobierno señala que, en 2024, se creó un nuevo grupo de referencia de las primeras naciones para supervisar y asesorar sobre la elaboración y la aplicación del nuevo programa de empleos remotos y desarrollo económico. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la manera en que hace participar a las personas interesadas por las medidas que deben adoptarse, en particular a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las políticas de empleo a nivel federal y territorial.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.