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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - El Salvador (Ratification: 2022)

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Demande directe
  1. 2025

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La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno.
Artículo 2. Campo de aplicación. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se garantiza la protección de la maternidad de las trabajadoras incluidas en el sector del trabajo doméstico.
Artículo 3. Protección de la salud. La Comisión toma nota de que el artículo 110 del Código de Trabajo, aprobado por Decreto Legislativo núm. 15 de 23 de junio de 1972, prohíbe al empleador asignar a mujeres embarazadas trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado, presumiéndose que cualquier trabajo que requiera un esfuerzo físico considerable es incompatible con el estado de gravidez después del cuarto mes de embarazo. La Comisión pide al Gobierno que indique el proceso para calificar un esfuerzo físico como considerable en este ámbito, incluyendo las medidas puestas a disposición de la mujer que decida no desempeñar este tipo de trabajos. Por otro lado, la Comisión pide igualmente al Gobierno que señale si se han celebrado consultas con los interlocutores sociales para la adopción de estas u otras medidas de protección de la salud, y la manera en que las mismas se extienden a las mujeres lactantes.
Artículo 6, 2).Nivel de las prestaciones pecuniarias.La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para asegurar que las prestaciones pecuniarias en caso de maternidad garanticen a la mujer trabajadora y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado.
Artículo 6, 6). Prestaciones a cargo de la asistencia social. La Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre las prestaciones a cargo de los fondos de asistencia social disponibles para las mujeres que no reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias.
Artículo 9, 2). No discriminación en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas o previstas para asegurar la prohibición de exigir a una mujer que solicita un empleo la realización de una prueba de embarazo o la presentación de un certificado de dicha prueba.
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