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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 17 de septiembre de 2024, en las que se plantean cuestiones que la Comisión examina a continuación, así como de observaciones similares recibidas el 2 de septiembre de 2025. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno al respecto.
La Comisión recuerda que había tomado nota anteriormente de la información comunicada por el Gobierno sobre el proceso de inventario de la legislación laboral emprendido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, de conformidad con la Orden Presidencial núm. 26, de 8 de febrero de 2021, con miras a poner en conformidad la legislación con los convenios ratificados. La Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se incluyera la Federación de Sindicatos de Kirguistán (FPK) en ese proceso con vistas a asegurar que toda enmienda de la Ley de Sindicatos en vigor o todo nuevo proyecto de ley de sindicatos propuesto fuera objeto de consultas plenas y significativas con los interlocutores sociales y que toda nueva disposición legislativa que afectara a los derechos sindicales estuviera en plena conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Ley de Sindicatos, de 1998, sigue en vigor y que, en la actualidad, no existe ningún proyecto de ley destinado a sustituirla. Añade que se ha disuelto el comité temporal de diputados creado para estudiar la aplicación de la Ley de Sindicatos.
La Comisión recuerda que la CSI y la FPK habían alegado anteriormente represalias contra los dirigentes de la FPK e injerencias en sus actividades financieras, lo que paralizaba su labor. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2024, la CSI alega que el Gobierno ha llevado a cabo una campaña de difamación contra los sindicatos independientes del país y ha apoyado activamente la creación de sindicatos amarillos. La Comisión señala a este respecto que el Gobierno reconoce un caso de creación ilegal de un sindicato municipal por orden de un antiguo alcalde de Bishkek. La Comisión pide al Gobierno que comente las alegaciones de la CSI y aclare la situación actual del sindicato creado de manera ilegal.
La Comisión toma nota de la alegación de la CSI de que se llevaron a cabo investigaciones penales sobre las actividades financieras de la FPK durante la última década. La CSI también alega que, el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 2023, algunos sindicalistas fueron detenidos arbitrariamente durante varias semanas, acusados de delitos como «corrupción», «crear amenazas para los intereses de la sociedad y el Estado» y «causar daños graves», como parte de la campaña de miedo impulsada por el Gobierno y llevada a cabo por el Comité Estatal de Seguridad Nacional, que desmanteló efectivamente la dirección central de la FPK. El 28 de diciembre de 2023, un tribunal penal prorrogó su detención hasta el 28 de febrero de 2024. Tras estas detenciones, las fuerzas del orden habrían recurrido a la intimidación y a amenazas de nuevas detenciones para presionar a todos los presidentes de los sindicatos a que dimitieran. A finales de diciembre, los dirigentes de los sindicatos afiliados a la FPK presentaron simultáneamente sus dimisiones y, el 29 de diciembre de 2023, el Consejo de la FPK votó y aprobó, presumiblemente bajo presión del Estado, la transferencia de los centros de salud propiedad de la FPK para su uso temporal por parte de la Administración Presidencial, en virtud de una orden presidencial, de fecha 22 de noviembre de 2023. Sin otra alternativa, la FPK convocó su Congreso el 15 de febrero de 2024. Durante el Congreso, el Comité Estatal de Seguridad Nacional supuestamente instaló una oficina dentro del edificio del sindicato, y el Congreso de la FPK votó a favor de un cambio en la dirección sin oposición alguna. La CSI lo considera una toma de control por parte de las autoridades, ya que ninguno de los nuevos dirigentes había desempeñado anteriormente un papel en el movimiento sindical. Bajo la supervisión de los funcionarios de seguridad del Estado, se produjeron cambios similares en la dirección de todos los sindicatos sectoriales afiliados a la FPK. Si bien los dirigentes anteriormente detenidos fueron puestos en libertad y sometidos a arresto domiciliario, la CSI señala que los cargos contra ellos, aunque se suspendieron, podrían reactivarse en cualquier momento. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la detención de los dirigentes sindicales, que finalizó en febrero de 2024, estaba relacionada únicamente con la investigación sobre su participación en las actividades económicas de la FPK. Además, el Gobierno explica que los bienes de la FPK se han conservado como propiedad sindical, aunque algunos se transfirieron por un periodo de cinco años a la Administración Presidencial para realizar importantes obras de reconstrucción y reparación, y que se están realizando esfuerzos, con el apoyo de las autoridades policiales y judiciales nacionales, para devolver al Estado los bienes de la FPK que se vendieron ilegalmente. A este respecto, la Comisión toma nota de la Orden Presidencial núm. 319, de 22 de noviembre de 2023, sobre la adopción de medidas para la gestión eficaz de las actividades destinadas a mejorar la salud de los trabajadores, cuyo objetivo declarado es mejorar la organización del tratamiento en centros termales para los trabajadores y sus familiares a cargo, y crear un mecanismo eficaz para gestionar la financiación de las actividades de mejora de la salud de los trabajadores. La Orden introduce una moratoria en la emisión de vales para instituciones termales a cargo del Fondo de Mejora de la Salud de los Trabajadores de la FPK (el Fondo), hasta el 31 de diciembre de 2027, e instruye que los recursos recibidos por el Fondo se destinen a la construcción y reparación de las instalaciones de los centros termales, así como a la mejora de su base material y técnica. En la Orden se recomienda además a la FPK que transfiera, antes del 31 de diciembre de 2023, todas las instalaciones de centros termales de su propiedad a la Administración Presidencial para su uso temporal y gratuito. A su vez, la Administración Presidencial deberá adaptar los centros termales y las instalaciones turísticas existentes a los estándares modernos.
La Comisión observa además que la CSI alega una grave erosión del derecho de reunión pacífica y comunica que, desde marzo de 2022, una serie de sentencias judiciales han restringido progresivamente las reuniones pacíficas en el centro de Bishkek, prohibiendo las reuniones que las autoridades consideraban de «naturaleza política», mientras permitían concentraciones organizadas por el Estado. En septiembre y octubre de 2023, los tribunales impusieron restricciones generales similares a las protestas en lugares públicos céntricos de la ciudad de Uzgen y el distrito de Chon-Alai, en la región de Osh. La Comisión recuerda que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben tener derecho a organizar sus actividades y formular sus programas de acción con plena libertad, de modo que puedan defender los intereses profesionales de sus miembros dentro del respeto de la legalidad. Ello abarca, en particular, el derecho a organizar acciones reivindicativas, así como ciertas actividades políticas (como, por ejemplo, manifestar su apoyo al partido político que consideren más dispuesto a defender los intereses de los afiliados). Las autoridades deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar el derecho de reunión u obstaculizar su ejercicio legal, salvo si ello supone un peligro grave e inminente para el mantenimiento del orden público (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 115). La Comisión pide al Gobierno que presente sus comentarios sobre la alegación de la CSI.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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