Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

Un representante gubernamental recordó que su Gobierno se comprometió a respetar tres cuestiones: enviar respuestas precisas y detalladas a la Comisión de Expertos, adoptar un proyecto de Código de Trabajo con la asistencia de la OIT y permitir el envío de una misión de asistencia técnica de la OIT a Mauritania. En cuanto a la adopción de un proyecto de Código de Trabajo, el representante gubernamental indicó que el mismo fue aprobado en primera lectura el 2 de junio pasado. El mismo prevé la prohibición del trabajo forzoso. Esta prohibición comprende todas las relaciones de trabajo aun si ellas no derivan de un contrato. Indicó igualmente que el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre la trata de personas que incluye una definición amplia de dicho término, así como penas y sanciones precisas en caso de violación. Refiriéndose a la misión técnica de la OIT, subrayó que la carga de trabajo para finalizar el Código de Trabajo y la ley sobre la trata de personas era muy importante. Mencionó asimismo los graves y dolorosos acontecimientos que se produjeron recientemente en Mauritania y que estuvieron a punto de desplazar al gobierno legítimo. Aseguró a la Comisión que, tan pronto como la situación se estabilice, el Gobierno fijará una fecha precisa para invitar a la misión técnica de la OIT a Nouakchott.

Los miembros trabajadores señalaron que la Comisión examina una vez más este grave problema de violación de los derechos humanos en Mauritania. Durante la primera discusión, en 1982, se abrigó la esperanza de que el Gobierno se comprometería firmemente a eliminar la esclavitud en el país. Sin embargo, se destaca la observación formulada por la Comisión de Expertos relativa a la persistencia de algunas formas de esclavitud en Mauritania. En efecto, parece ser que, a los ojos de algunas personas, el nacimiento sigue imponiendo una condición inferior a los descendientes de esclavos. Estas personas de condición inferior, que trabajan como campesinos, como pastores de rebaños o como servidores, dependen integralmente de su jefe, a quien le dan el dinero que ganan o para el que trabajan directamente, a cambio de alimentación y de alojamiento. Por consiguiente, es lamentable que el Gobierno continúe diciendo que se trata de secuelas del antiguo sistema social o de casos aislados y que la esclavitud se ha abolido en Mauritania.

A pesar de la adopción de tres legislaciones que prohíben el trabajo forzoso u obligatorio, a saber, la Constitución del 20 de mayo de 1961, la ley núm. 36-023, del 23 de enero de 1963, que se apoya en el Código de Trabajo, y la ordenanza de 1980, la práctica de la esclavitud sigue existiendo en Mauritania. La negativa del Gobierno a reconocer este grave problema responde a la existencia de esta práctica. En varias ocasiones, la Comisión de Expertos exigió al Gobierno: i) que adopte una disposición que imponga sanciones jurídicas de conformidad con el artículo 25 del Convenio núm. 29; ii) que extienda el campo de aplicación de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio a todas las relaciones del trabajo; iii) que derogue la ordenanza de 1962 que confiere a los jefes de circunscripción facultades muy amplias para movilizar personas, y iv) que elabore una lista completa de establecimientos considerados como servicios esenciales para la población que puedan verse afectadas por una posible movilización. A pesar de estas peticiones, la situación sigue siendo la misma.

En cuanto a las sanciones jurídicas, no se ha adoptado ninguna disposición a fin de aplicar el artículo 25 del Convenio. En lo que se refiere a la extensión del campo de aplicación, la modificación en curso del artículo 5 del Código de Trabajo, disposición que prevé que toda violación susceptible de sanciones previstas por la legislación en vigor, daría efecto a las recomendaciones de la Comisión de Expertos. En cuanto a la derogación de la ordenanza de 1962, y a la elaboración de una lista de establecimientos considerados como servicios esenciales, el Gobierno no ha comunicado ninguna información. Estas observaciones son prueba de la mala voluntad del Gobierno. A pesar de haberse adoptado algunas medidas en el marco legislativo, no se observan cambios en la práctica. La ausencia de sanciones a los autores de las prácticas de esclavitud no permite confiar en la buena voluntad del Gobierno de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio. La adopción de disposiciones jurídicas no es suficiente. Se deben también adoptar medias económicas a fin de que las víctimas de la esclavitud puedan integrarse en la sociedad y ser indemnizadas. Se deben realizar asimismo campañas de sensibilización para la población.

Hace un año, el Gobierno se comprometió en acoger una misión de asistencia técnica de la OIT. Los miembros trabajadores lamentaron que esta misión no haya podido dirigirse al país. Quisieron creer que razones de orden práctico han impedido esta misión. Recordaron, sin embargo, que, desde hace años, el Gobierno prohíbe el acceso y la actividad en el país de organizaciones que luchan por los derechos humanos. Los miembros trabajadores pidieron el envío de una misión de asistencia técnica en Mauritania con el fin de adoptar los textos jurídicos.

Los miembros empleadores recordaron que el caso de Mauritania ya se había examinado por la Comisión de la Conferencia el año pasado. Observaron que varias formas de esclavitud siguen existiendo en el país, en particular en las zonas rurales. A pesar de la prohibición oficial de la esclavitud, condiciones de esclavitud siguen existiendo y deben ser eliminadas. La cuestión clave es la abolición del trabajo forzoso en la práctica. En cuanto a la declaración del representante gubernamental, según la cual, el 2 de junio de 2003, se adoptó una nueva legislación destinada a la abolición de dichas prácticas asimilables a esclavitud de la mano de obra, los miembros empleadores preguntaron si ya había entrado en vigor y si había sido aplicada. La práctica del trabajo forzoso no es sólo un vestigio de una antigua tradición, sino que tiene también raíces sistémicas, por lo que resultará difícil erradicarla inmediatamente. Si bien el representante gubernamental podría negar ejemplos específicos de trabajo forzoso que fueron planteados, la existencia generalizada del trabajo forzoso en el país no puede ocultarse.

Lamentaron que no hubiera podido tener lugar una misión técnica y observaron la voluntad expresa del Gobierno de utilizar la existencia técnica. Esencialmente, lo que se necesita es una base jurídica destinada a la eliminación del trabajo forzoso. Sin embargo, la presente legislación no contempla sanciones adecuadas para las violaciones y no se han aplicado eficazmente. Solicitaron al representante gubernamental que proporcione información necesaria para apoyar sus declaraciones sobre las medidas adoptadas con miras a poner la legislación nacional de conformidad con el Convenio. Además, los miembros empleadores recordaron que, en 2002, el Gobierno había anunciado que revocaría la ley de 1971 que contemplaba la posibilidad de movilizar mano de obra en circunstancias de emergencia específicas para garantizar el funcionamiento de servicios considerados como esenciales para el país o para la población. Insistieron en la necesidad de que el Gobierno facilite informaciones más precisas de los servicios contemplados por dichas disposiciones. Con respecto al decreto núm. 70-153, del 23 de mayo de 1970, que establece el régimen interno de los establecimientos penitenciarios, pidieron al Gobierno que proporcione informaciones específicas sobre las medidas adoptadas para enmendar este decreto. Señalaron a este respecto que eran necesarias disposiciones más precisas que permitieran ceder la mano de obra penitenciaria a particulares, ya que esto seguía estando bajo la responsabilidad de las autoridades públicas. Por último, insistieron en que era necesario urgentemente tomar medidas de carácter legislativo y administrativo para eliminar las prácticas de trabajo forzoso. Instaron, por consiguiente, al Gobierno a que proporcionara informaciones completas sobre las medidas adoptadas en el pasado y sobre las que pretende adoptar en el futuro para que se puedan tomar medidas urgentes con el fin de abolir en general este caso excepcional pendiente de esclavitud.

Un miembro trabajador de Mauritania lamentó que su país fuera nuevamente llamado a declarar sobre el Convenio núm. 29 de la OIT y que su Gobierno, a pesar de las múltiples interpelaciones, se mantenga indiferente e insensible frente al sufrimiento de las víctimas de la esclavitud. El problema de la esclavitud en su país sigue siendo de actualidad y exige una intervención severa.

El año anterior, la Comisión discutió extensamente este caso y los compromisos asumidos por el Gobierno, a fin de permitir que la OIT enviara a Mauritania una misión técnica de investigación. Creyó que esta actitud era un signo de buena voluntad del Gobierno, pero resultó ser una simple manera de evitar una nueva decisión de la Comisión y continuar con las violaciones al Convenio fundamental núm. 29 sobre el trabajo forzoso. Esta situación viola los derechos humanos, económicos y sociales de los hombres y mujeres que nacieron libres y aspiran, como los demás seres humanos, a la libertad, la dignidad y una vida decente. Actualmente, si bien se señalan las disposiciones contenidas en el nuevo Código de Trabajo como un medio de protección, los problemas relativos a la esclavitud son difíciles y complejos y no podrán ser resueltos por algunas disposiciones normativas, particularmente cuando la aplicación en la práctica de las mismas está en manos de inspectores del trabajo conocidos por su desvalorización de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) luchó enérgicamente durante los últimos años para lograr la sanción del Código de Trabajo que contribuirá sin lugar a dudas a fortalecer la protección. Entre las nuevas disposiciones, algunas se refieren a la caracterización de la esclavitud y la trata, la protección de las víctimas y la sanción de los infractores. No obstante, no contienen medidas políticas de asistencia que deberían comprender, entre otras, la elaboración y la adopción de programas económicos y sociales específicos, una política de inserción y una campaña de sensibilización. El conjunto de estas medidas podría contribuir a una evolución positiva de la situación. La CLTN reconoce que, si bien se adoptaron algunas medidas importantes en los últimos años, tales como la ordenanza núm. 81-234 de 1981, se trata de decisiones puramente políticas que carecen de influencia en los planos práctico e institucional. Además, tales medidas no contribuyen a fortalecer los medios de protección y asistencia, dado que no van acompañadas de medidas jurídicas, económicas y sociales.

Recordó que las autoridades habían prohibido un seminario de sensibilización sobre el trabajo forzoso organizado por la CLTM con el apoyo de la CMT, que debía realizarse en Kiffa en 2001. Actualmente la CLTM, organización más representativa y más presente en el terreno, tanto por sus actividades sindicales y su estructura como por sus 60.000 miembros, es la organización que sufre más ataques por parte de las autoridades. Sus miembros son objeto de presión, intimidación y despidos, y sus actividades son constantemente obstaculizadas. Asimismo, más de 200 trabajadores portuarios fueron despedidos luego de la huelga realizada en el mes de octubre anterior. Recientemente, las autoridades efectuaron una enérgica campaña a fin de obligar, por todos los medios, a los militantes que trabajan en los establecimientos públicos a afiliarse a la Unión General de Trabajadores de Mauritania (UTM), campaña que perjudicó gravemente a la CLTM. El representante trabajador espera que esta vez el Gobierno colabore con la OIT y acepte la comisión técnica y la asistencia de la Oficina. Agregó que la CLTM está dispuesta a colaborar con la OIT y el Gobierno a efectos de lograr la aplicación del Convenio núm. 29 y la promoción del diálogo social que lamentablemente no existe en Mauritania.

Otro miembro trabajador de Mauritania pidió a la Comisión de la Conferencia que examine el informe de la Comisión de Expertos con celeridad y sin sensacionalismo a fin de evitar que la Comisión se politice. Subrayó que debe hacerse la distinción entre el "jefe del pueblo", que se asocia a la supervivencia y que no existe más hoy en día, y el "jefe de circunscripción". Declaró que defiende el interés de los trabajadores, pero que debe quedar claro que la esclavitud es un fenómeno histórico que ya no existe en el sentido clásico. Refiriéndose a la intervención de los miembros trabajadores, subrayó que nunca fue cuestión de una misión de encuesta en Mauritania, sino de una misión de asistencia técnica. Indicó igualmente que dicha misión no debía llevarse a cabo en Mauritania para investigar, sino para ayudar, ya que el Código de Trabajo fue adoptado recientemente. Finalmente, deseó que la evaluación de la representatividad de las organizaciones sindicales fuera parte del mandato de la misión.

El representante gubernamental se cuestionó sobre el fundamento de las alegaciones de los miembros trabajadores y empleadores. Indicó que las discusiones se deben fundar en el Informe de la Comisión de Expertos y no han de basarse en consideraciones políticas. La justicia social debe reposar sobre una base objetiva y equilibrada para resolver los problemas y no para acusar. La acusación de esclavitud es extremadamente grave. Nunca el Gobierno reconoció la existencia de prácticas esclavistas en el país. Es verdad que en Mauritania existieron las castas, pero los descendientes de los antiguos esclavos no son hoy en día considerados como tales y la pertenencia de una persona a una categoría social antigua no tiene hoy en día repercusión alguna en sus derechos. Ya no existían ocupaciones reservadas a los descendientes de esclavos (pastores, trabajadores domésticos) y esos trabajos eran realizados por todas las clases. Aquellos que tenían esos trabajos, percibían salarios más elevados que el salario mínimo.

Refiriéndose a la intervención de los miembros trabajadores sobre alegatos de graves violaciones de los derechos del hombre en Mauritania desde 1982, indicó que el país es un Estado de derecho desde 1991 y que existen una veintena de partidos políticos, así como cinco organizaciones sindicales. El Gobierno garantiza el respeto de la libertad pública y sindical y de organización. No hay prisioneros y se cuenta con 10 periódicos libres que denuncian al Gobierno sin temor. Incluso el Secretario General de la CLTM sabía que podía cumplir con todo tipo de obligaciones sin problemas. Subrayó la importancia de ser responsable y de medir las palabras. Los miembros trabajadores deben verificar sus fuentes antes de realizar acusaciones y leer las observaciones escritas del Gobierno. Negó la alegación de los miembros trabajadores en cuanto a que el origen de una persona tenga repercusiones en su estatus. Mencionó a título de ejemplo que un pastor estaba mejor remunerado que un profesor y que el salario de un empleado doméstico era más elevado que el de un agente de policía. No hay secretos públicos, si hubiera realmente esclavitud, el Gobierno no cerraría los ojos. Se trata de un debate surrealista. Mauritania enfrenta muchos problemas como el subempleo. A este efecto, invitó a aquellos que realizan acusaciones a acudir a la justicia de Mauritania. El Gobierno ha realizado muchos esfuerzos últimamente para responder a los cuestionamientos de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia. A tal fin, el representante gubernamental mencionó sobre todo que el Código de Trabajo en vías de adopción extiende de manera efectiva la prohibición del trabajo forzoso y prevé que toda infracción a dichas disposiciones es pasible de sanciones. Reiteró igualmente la intención del Gobierno de derogar formalmente la orden de 1962. La Comisión debe comprender que se trata de una carga muy importante y tener en cuenta la debilidad de la administración. Subrayó con énfasis que no se trata de mala voluntad.

Mencionó que el país acaba de atravesar una crisis que puso en peligro el estado de derecho y se felicitó de que el mismo haya sido salvaguardado. En su opinión, debe esforzarse hoy en día en proteger el estado de derecho, en lugar de venir a responder a acusaciones. Es normal que los miembros empleadores y trabajadores defiendan las normas sociales y la aplicación de las mismas pero no deben favorecer un enfoque punitivo.

Los miembros trabajadores recordaron que, en este caso, sus objetivos son claros: ni más ni menos que lograr el respeto de las normas. Hasta ahora, el Gobierno no reconoce la realidad del problema, lo que obstaculiza la erradicación de la esclavitud. Los miembros trabajadores se basan en elementos objetivos: el informe de la Comisión de Expertos. Es cierto que la base legal que prohíbe el trabajo forzoso existe pero hace falta traducirla en hechos concretos. Los miembros trabajadores solicitan al Gobierno que abra el debate y deje que la sociedad civil enfrente francamente el problema. Después de tantos años, consideran que se necesita una misión de contactos directos para evaluar la situación en el país antes de que una asistencia técnica se rebele de utilidad.

Los miembros empleadores lamentaron que al parecer no se haya efectuado progreso alguno en este caso a pesar de que el mismo fuera examinado el año anterior y en 1989 y 1990. Si bien el representante gubernamental habló con elocuencia no aportó ninguna nueva información. Asimismo, no pareció comprender la gravedad de la cuestión ni tomar conciencia de las medidas que necesitan ser adoptadas en la legislación y en la práctica y trató de minimizar los problemas que aún subsisten. Sin embargo, a través de sus declaraciones, admitió de hecho la persistencia de trabajo forzoso, particularmente en la agricultura, el trabajo doméstico y la cría de animales. Los miembros empleadores observaron igualmente que toda persona que llama la atención sobre estos problemas en el país corre el riego de ser sancionada. En consecuencia, instaron al Gobierno a reconocer abiertamente los problemas aún existentes a fin de que puedan adoptarse las medidas necesarias, con particular énfasis en la aplicación de sanciones efectivas por infracciones a la legislación pertinente. Apoyaron la propuesta de los miembros trabajadores relativa al envío de una misión de contactos directos a Mauritania a fin de brindar asistencia para la aplicación del Convenio.

El representante gubernamental declaró que la adopción de las conclusiones tal como acaban de ser presentadas significaría que las discusiones de la presente Comisión carecen totalmente de sentido. Hasta el momento, no se ha demostrado que las alegaciones planteadas sean fundadas. Basar las conclusiones sobre tales hipótesis pondría en tela de juicio la credibilidad de la Comisión e implicaría no tener en cuenta la buena voluntad que el Gobierno ha puesto de manifiesto.

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión compartió la preocupación manifestada por la Comisión de Expertos por la falta de disposiciones legales que permitan sancionar la imposición del trabajo forzoso y lamentó que la misión que había sido aceptada por el Gobierno no tuvo lugar. La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental relativa a la adopción en primera lectura del Código de Trabajo y a un proyecto de legislación destinado a reprimir la trata de personas. La Comisión expresó su profunda preocupación por la persistencia de situaciones que tipifican graves violaciones a la prohibición del trabajo forzoso. La Comisión urgió al Gobierno para que la misión de asistencia técnica bajo la forma de una misión de contactos directos sea llevada a cabo para, in situ, auxiliar al Gobierno y a los interlocutores sociales en la aplicación del Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que se observarán progresos concretos en un futuro próximo sobre el presente caso. La Comisión decidió que sus conclusiones figuren en un párrafo especial de su informe.

El representante gubernamental declaró que la adopción de las conclusiones tal como acaban de ser presentadas significaría que las discusiones de la presente Comisión carecen totalmente de sentido. Hasta el momento, no se ha demostrado que las alegaciones planteadas sean fundadas. Basar las conclusiones sobre tales hipótesis pondría en tela de juicio la credibilidad de la Comisión e implicaría no tener en cuenta la buena voluntad que el Gobierno ha puesto de manifiesto.