Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Mexique (Ratification: 1990)

El Gobierno ha comunicado las informaciones siguientes sobre los puntos 4 y 5 de la observación sobre este Convenio:

México fue el primer país latinoamericano que ratificó el Convenio núm. 169. Con ello reiteró el reconocimiento a su composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y asumió todas sus responsabilidades para proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. Este Convenio sólo ha sido ratificado por siete Estados, y entró en vigor a partir de la ratificación de México el 5 de septiembre de 1990.

En virtud del Convenio, el Gobierno adopta las medidas necesarias que aseguren, en pie de igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Se ha dado cuenta en las memorias presentadas a la OIT del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas y la Comisión de Expertos ha tomado nota de ello con satisfacción e interés, como lo expresa en su último informe.

El Gobierno informa, en relación con el punto 4 de la observación, que ha iniciado las consultas con el Instituto Nacional Indigenista, las direcciones de la inspección del trabajo de aquellos Estados de la Federación que tienen población indígena y las organizaciones interesadas, a fin de preparar la memoria que se someterá oportunamente, dentro de los plazos normales, a la consideración de la Comisión de Expertos. Dicha información será complementaria a aquella presentada ya en las memorias anteriores y ofrecerá una visión amplia sobre los resultados prácticos alcanzados.

En el punto 5 de la observación se afirma que la ausencia de una protección adecuada de los derechos de los trabajadores indígenas, junto con sus condiciones de trabajo, fue una de las causas del estallido de violencia en el estado de Chiapas en enero de 1994. Al respecto, México ha mantenido, y ha sido respaldado en ello por diversas fuentes independientes, que la causa fundamental del conflicto se debió a las condiciones de pobreza extrema y de rezago económico que, lamentablemente, prevalecen aún en esa zona, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para remediarlas.

Chiapas es el estado de la República que sufre el más alto índice de carencias para el bienestar de su población. Esta crece a más del doble de la tasa promedio nacional. Más de la mitad de los habitantes son menores de catorce años. Los distintos grupos indígenas que habitan en ese estado se encuentran dispersos en alrededor de 12.000 localidades que promedian menos de 100 habitantes.

Respecto a las observaciones técnicas a la memoria precedente relativas, entre otras, a la inspección del trabajo en las poblaciones indígenas, la propia Comisión de Expertos reconoce ser "consciente de que llevará tiempo corregir una situación de la índole de la descrita en la memoria precedente", y que "confía en que el Gobierno la mantendrá informada de la situación de los indígenas en esa y otras regiones de las medidas prácticas tomadas para mejorarla". La Comisión concluye estimulando "al Gobierno a que continúe los esfuerzos que ha realizado hasta la fecha para mejorar la situación laboral". Sobre el particular, el Gobierno ha iniciado la recopilación de la información necesaria con miras a, por una parte, preparar la próxima memoria y, por otra, la adopción de las medidas correspondientes para dar la adecuada atención a los problemas mencionados.

Satisface al Gobierno que la información presentada en su memoria anterior haya sido calificada como alentadora por la Comisión de Expertos y desea reiterar a la Comisión de Aplicación de Normas su permanente preocupación por los derechos de los trabajadores indígenas, así como por sus condiciones de trabajo, y que está estudiando todas las medidas prácticas que puedan garantizar esos derechos y mejorar esas condiciones. Igualmente está considerando si resultaría útil recurrir a la colaboración técnica de la Oficina Internacional del Trabajo, a través de su Equipo Multidisciplinario con sede en San José, Costa Rica, a fin de encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas técnicos que puedan surgir de este u otro de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por México.

El representante gubernamental reiteró las informaciones escritas comunicadas por el Gobierno.

Los miembros trabajadores subrayaron que es la primera vez que se examina un caso en el marco de este Convenio. Recordaron que el Convenio tiene por objeto proteger los derechos de las poblaciones indígenas y garantizar el respeto de su integridad. En los puntos 4 y 5 de su observación, la Comisión de Expertos indicó que existen graves problemas en lo que respecta a la protección de los derechos y condiciones de trabajo más elementales de los trabajadores del sector rural, el cual está formado principalmente por los indígenas. Asimismo, la Comisión de Expertos pone de relieve, tal como lo ha hecho el Instituto Nacional Indigenista, la ausencia de protección en la práctica para los trabajadores del sector rural. Se han constatado prácticas de contratación forzada, de negativa de la libertad sindical, de falta de pago de salarios, etc. La falta total de inspección del trabajo explica en parte estas prácticas. Por lo tanto, el artículo 20.4 del Convenio pone de relieve la importancia que el Gobierno debe otorgar a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo, en particular en las zonas rurales.

Los miembros trabajadores tomaron nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en lo que respecta a las modificaciones legislativas que se han llevado a cabo. No obstante, expresaron su preocupación respecto a que no es suficiente prever una legislación a nivel de principios, si el marco jurídico y la infraestructura social no son realmente operativos, y si persiste la falta de voluntad para solucionar la situación. En estas condiciones, consideraron que no es sorprendente que la población, tal como ha ocurrido con las poblaciones indígenas de Chiapas, se revele contra la exclusión social y la pobreza. Refiriéndose a la declaración del representante gubernamental y al programa de acción social, recordaron que debe darse una prioridad absoluta a la lucha contra la exclusión social y la pobreza con el fin de promover la paz y la justicia social. A tal efecto, debe llevarse a cabo una política sostenida y coordinada de cada gobierno.

Los miembros trabajadores tomaron nota de que el Gobierno desea que se aplique el Convenio en la práctica. Los miembros trabajadores concluyeron indicando que es importante solicitar al Gobierno que lleve a cabo una política coherente para garantizar una protección a nivel legislativo y en la práctica para los trabajadores del sector rural y de las poblaciones indígenas, y que organice un sistema de inspección de trabajo eficaz. Asimismo, manifestaron que el Gobierno debería suministrar informaciones detalladas sobre la aplicación del Convenio y recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

Los miembros empleadores indicaron que deseaban tratar los dos problemas mencionados en los párrafos 4 y 5 de la observación formulada por los expertos. En lo que respecta al párrafo 4, la observación de la Comisión de Expertos se funda en el informe presentado por el Instituto Nacional Indigenista, que denuncia los graves hechos cometidos contra las poblaciones indígenas, en términos de falta de pago de salarios y de negativa del derecho de sindicación. Los miembros empleadores expresaron la esperanza de que el Gobierno tomará, lo más rápido posible, las medidas necesarias para solucionar esta situación.

En lo que respecta al párrafo 5 de la observación, que se refiere a un problema de actualidad, los miembros empleadores compartieron lo manifestado por el representante gubernamental en cuanto a que las causas de ese episodio de violencia son la extrema pobreza y la situación de retraso social de la población en esa región, principalmente poblada por indígenas. Aunque los miembros empleadores reconocieron que la solución a este problema requiere un cierto tiempo, insistieron sobre el hecho de que el Gobierno debería realizar todos los esfuerzos posibles en este sentido, particularmente recurriendo a la asistencia técnica de la OIT y presentando memorias detalladas a este respecto.

La miembro trabajadora de Nueva Zelandia subrayó la importancia y el valor del Convenio e instó a todos los miembros de la Comisión a que tomen conocimiento del mismo, dado que brinda excelentes indicaciones para comprender la situación de los pueblos indígenas y tribales del mundo. Posteriormente la oradora felicitó al Gobierno de México por haber ratificado este Convenio fundamental, y expresó la esperanza de que ello sea un ejemplo para los países en los cuales existen poblaciones indígenas. Es necesario considerar, al examinar el informe de la Comisión de Expertos, que el Convenio reconoce la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan tener el control de sus instituciones, de su modo de vida y de su desarrollo económico, de poder conservar su identidad, su lengua y su religión en el marco de los Estados en los que vivan. En numerosas partes del mundo, estos pueblos no pueden gozar de los derechos fundamentales al mismo nivel que el resto de la población de los Estados en los cuales habitan, y sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han comúnmente sufrido un desgaste, tal como consta en el preámbulo del Convenio.

Resulta evidente, tras la lectura del informe de la Comisión de Expertos, que éste es el caso en México, donde se han cometido actos graves contra los trabajadores del sector rural, del cual son parte los indígenas. El Gobierno indicó que había comenzado a efectuar consultas con el Instituto Nacional Indigenista, las Direcciones de la Inspección del Trabajo de aquellos estados de la Federación que tienen población indígena y con las organizaciones interesadas con el objeto de preparar una memoria que será presentada en tiempo oportuno. Expresó la esperanza de que el Gobierno comunicará informaciones detalladas sobre la situación.

Insistió sobre el hecho de que los gobiernos no son los únicos que no han reconocido y que no han defendido los derechos de los pueblos indígenas. En efecto, los sindicatos sólo han comenzado recientemente a comprender y a introducir los pueblos indígenas en sus organizaciones, de tal manera que se comiencen a respetar las exigencias del Convenio. Por esta razón insistió sobre el papel fundamental que debe ejercer la inspección del trabajo. Por último, concluyó manifestando que se adhería a las declaraciones de los miembros trabajadores y empleadores en lo que respecta a urgir al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT con objeto de tratar estos serios problemas y de esta manera poder representar un ejemplo para los otros países del mundo.

El representante gubernamental agradeció los comentarios formulados durante la discusión y enfatizó que el Gobierno ha asumido su responsabilidad de desarrollar, junto con la participación de estas comunidades, en una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos comunitarios y asegurar el respeto de su integridad. En este sentido, indicó que hace un mes el Presidente de la nación ha presentado ante el Parlamento el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene cinco objetivos fundamentales para el período 1995-2000. El segundo de los objetivos se refiere, entre otras cosas, a la consolidación de un régimen de convivencia social regido por el derecho a la igualdad en la administración de la justicia. Sobre la base de este Plan, se contempla la creación de programas que brinden especial atención a las poblaciones indígenas y rurales. El Plan dedica varios capítulos a las poblaciones indígenas. El Gobierno desea entablar una nueva relación entre la sociedad y los grupos indígenas, basada en el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural, y con el fin de promover la participación de estos grupos en la planificación, definición, aplicación y administración de programas para mejorar la salud, el bienestar social y la educación de las comunidades indígenas.

La Comisión tomó nota con interés de las informaciones orales y escritas suministradas por el Gobierno y del debate que se llevó a cabo. La Comisión se congratuló de las modificaciones efectuadas a la Constitución nacional y a la legislación de manera que se haya podido considerar la ratificación del Convenio.

Al tomar nota del Plan Nacional de Desarrollo, la Comisión observó que existen problemas reales en lo que respecta a la aplicación de la legislación nacional del trabajo a las poblaciones rurales, y expresó su preocupación en cuanto a que esta situación habría contribuido al episodio de violencia ocurrido en el estado de Chiapas a principios de 1994. Asimismo, la Comisión tomó nota de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo consultas con el fin de encontrar una solución a estos problemas, pero lamentó que la última memoria del Gobierno no haya contenido información sobre la situación en el terreno. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno aceptará próximamente recibir una misión consultiva técnica de la OIT a fin de investigar la manera de solucionar la situación. Por último, la Comisión manifestó su deseo de recibir durante su próxima reunión informaciones que brinden indicios sobre la realización de progresos en la situación práctica en lo que respecta a la protección de los pueblos indígenas, en particular a través de una inspección del trabajo más frecuente, tal como lo ha sugerido la Comisión de Expertos.