Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)



Un representante gubernamental reafirmó el compromiso de su Gobierno con el cabal cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo ratificados. Desde la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas, se ha reforzado el diálogo con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS). Cabe destacar que, a solicitud del Gobierno, el 13 de junio de 2017, se celebrará una reunión tripartita con los interlocutores sociales nacionales acreditados ante la Conferencia, a la que asistirá el Director General de la OIT. Lamentó que nuevamente se utilizaran las instancias de la OIT para señalar a países cuyas políticas favorecen a los trabajadores. La OIT debe velar por la transparencia de los procedimientos y por un tratamiento justo. En su último comentario, la Comisión de Expertos constató que el Gobierno presentó indicadores que dan cuenta de una política de empleo sostenida que, desde 1999, ha estado favoreciendo a los venezolanos, entre estas estadísticas se incluyen las del empleo juvenil. También constan en dicho comentario las informaciones brindadas en junio de 2016 en el marco de la discusión ante la Comisión de Aplicación de Normas, respecto del Segundo Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 y de la ejecución de una agenda económica bolivariana. La creación del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), en la que participa la central de trabajadores más representativa del país y los empresarios más prominentes de la economía venezolana, también ha sido objeto de mención en el comentario. Con lo cual queda demostrado que en el país hay una real y verdadera política de empleo que ha contenido el desempleo, a pesar de la caída de los precios del petróleo, de la guerra económica y de los disturbios del orden público impulsados por sectores de la oposición. Opinó que no se justificaba la inclusión en la lista de casos a ser considerados en 2017, habida cuenta de que la Comisión de Expertos no había señalado ningún incumplimiento, sino que se había limitado a pedir ejemplos o informaciones adicionales. La presentación de informaciones adicionales, en atención al pedido hecho por la Comisión de Expertos, debe realizarse en el marco de la próxima memoria regular y no ante la Comisión de Aplicación de Normas. Ante la ausencia de justificación técnica, cabría inferir que la inclusión en la lista de casos tiene un trasfondo político, lo cual es contrario a la objetividad, transparencia e imparcialidad que ha de regir en la OIT. Añadió que, pese a la insistencia de un sector de los empleadores para que su Gobierno sea convocado ante la Comisión de Aplicación de Normas, no conseguirán que éste privilegie intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. En el comentario de la Comisión de Expertos quedan reflejados alegatos e informaciones sobre la supuesta ausencia de planes de empleo, mencionándose cifras que el Gobierno desconoce y basándose en datos imprecisos, consideraciones subjetivas e informaciones infundadas que el Gobierno rechaza. Otras organizaciones sindicales minoritarias se han sumado a dar cifras sin citar las fuentes de donde las obtienen, ni los métodos bajo los cuales se establecieron los datos. Declaró que, sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, con el mejor ánimo y respeto para con quienes integran la Comisión de Aplicación de Normas, se brindará información actualizada sobre la política de empleo en la República Bolivariana de Venezuela.

En 1999, cuando inició el Gobierno bolivariano, la tasa de desocupación en Venezuela se calculaba en un 10,6 por ciento. En el mes de abril de 2016, la tasa de desempleo se estimaba en un 7,3 por ciento, gracias a políticas claras y contundentes. Tal y como se le indicó a la Comisión de Expertos en su momento, la tasa de desempleo masculino se estima en 6,7 por ciento, mientras que la femenina se estima en 8,3 por ciento, lo cual da cuenta de los esfuerzos por alcanzar la paridad e igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Resaltó que los indicadores podían ser consultados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno ha dirigido un cambio del modelo económico para encarar la dependencia al mercado petrolero y derrotar la guerra económica, entre las medidas ejecutadas figuran: incentivos para la exportación, eliminando restricciones administrativas y facilitando la repatriación de capitales, la apertura de un sistema de subastas para la adquisición de divisas a precios competitivos, así como el acceso a créditos por parte de los sectores productivos. Las empresas más beneficiadas han sido las pequeñas y medianas empresas (pymes). El Gobierno también les brindó asistencia a los negocios saqueados por un sector de la oposición, por medio de financiamiento que les permitirá reanudar y mantenerse en su actividad empresarial. El plan de desarrollo, que abarca el plan de empleo, se conoce como Plan de la Patria. En ocasión de reuniones celebradas con FEDECAMARAS, sus personeros han manifestado su desacuerdo con dicho Plan, lo cual evidencia que el mismo comporta una verdadera política de empleo. Los interlocutores sociales nacionales acreditados ante la Conferencia podrán solicitar más información sobre el cumplimiento del Convenio, en ocasión de la reunión tripartita del 13 de junio de 2017. Lamentó que FEDECAMARAS así como ciertas organizaciones sindicales minoritarias, a pesar de la invitación girada por el Gobierno para discutir la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, se negaran a participar en la misma. Opinó que era contradictorio pedir diálogo social en la OIT y no acudir cuando son convocados para exponer sus opiniones y puntos de vista. Reiteró su objeción ante la inclusión en la lista de casos, en particular por tener el Convenio núm. 122 un carácter promocional y no ser vinculantes las consultas, refiriéndose a lo dispuesto en el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo respecto del contenido y de la naturaleza de las consultas. También mencionó las palabras de los miembros empleadores expresadas en 2015, ante la Comisión de Aplicación de Normas, concernientes a la ausencia de competencia de parte de la Comisión de Expertos para juzgar la validez, la eficiencia o la justificación de las medidas adoptadas de acuerdo al Convenio y coincidió con lo expuesto en cuanto al carácter promocional del mismo que no especifica el contenido concreto de la política de empleo, y que debe tenerse en cuenta el entorno político, social y económico del país. Concluyó solicitando que el debate se circunscribiera al Convenio objeto de examen.

Los miembros trabajadores recordaron que éste es el segundo año consecutivo en que la República Bolivariana de Venezuela ha comparecido ante la Comisión de Aplicación de Normas en relación con la aplicación del Convenio. Aunque anteriormente ya instaron al Gobierno y a los diferentes lados de la disputa política en el país a que resuelvan a través del diálogo social el punto muerto al que se ha llegado, la situación ha seguido deteriorándose. Al tiempo que pusieron de relieve la función que desempeñan el diálogo social y el tripartismo como una posible vía para la paz, los miembros trabajadores exhortaron a todos los partidos a que no sucumban a la tentación de utilizar la crisis económica y el descontento social con fines políticos, lo que causaría más sufrimiento a la mayoría de la población. A este respecto, lamentaron que el Gobierno no haya respondido desde 2016 a la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas de que acepte la visita de una misión tripartita de alto nivel. La República Bolivariana de Venezuela tiene ante sí muchos desafíos, entre ellos una profunda crisis económica que ha tenido impacto considerable en la generación de empleo. Esta situación también es el resultado de decisiones económicas adoptadas en el pasado. Entre 1999 y 2014, la República Bolivariana de Venezuela se benefició de los elevados precios del petróleo, que permitieron al Gobierno invertir en la economía y ampliar las políticas públicas. Durante ese período, el Gobierno nacionalizó empresas. Dichas medidas propiciaron la creación de puestos de trabajo, y condujeron a que el desempleo cayera del 14,5 por ciento en 1999 al 6,7 por ciento en 2014, además de contribuir a fomentar el trabajo decente y a reducir la economía informal. Los elevados precios del petróleo también permitieron que se aplicaran políticas sociales en favor de los pobres, y la pobreza se redujo del 49,4 por ciento en 1999 al 32 por ciento en 2013, mientras que la pobreza extrema cayó del 21,7 por ciento al 9,8 por ciento. Sin embargo, el Gobierno se comportó como si los elevados precios del petróleo fueran a mantenerse para siempre. A lo largo del período de crecimiento económico, no se han adoptado medidas efectivas para que la economía deje de depender de la exportación de un único producto. Por el contrario, la dependencia del sector de hidrocarburos ha aumentado de manera drástica, y el petróleo representa el 96 por ciento de las exportaciones totales del país. Será difícil reducir de la noche a la mañana la dependencia histórica del petróleo que se observa en ese país; por otra parte, los esfuerzos realizados hasta la fecha a tal efecto no han sido suficientes. No es sorprendente que la economía se haya visto seriamente afectada por el fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo registrado a finales de 2014. El colapso de la economía se ha traducido en una crisis más profunda, en la hiperinflación, en la especulación monetaria, y en la escasez y la acumulación de alimentos y medicinas, lo que a su vez ha menoscabado la calidad del empleo, ha aumentado la inseguridad del trabajo y ha impulsado la economía informal, además de tener consecuencias negativas en el nivel de vida de los grupos más pobres. Según algunas estimaciones, el producto interior bruto (PIB) se contrajo considerablemente en 2016 y el sector agrícola experimentó una caída, exacerbando más aun la escasez de alimentos. La disminución del número de empleos creados también ha afectado a los trabajadores. Según datos gubernamentales, en 2016 el desempleo ascendió al 7,5 por ciento. Dichas cifras podrían haber sido incluso más elevadas, ya que las estadísticas oficiales no han contemplado el subempleo ni las formas precarias de empleo. Si se hubieran tenido en cuenta en estos datos a los trabajadores que tienen contratos de trabajo con horarios reducidos, el desempleo se habría situado en aproximadamente el 11 por ciento.

En relación con las observaciones del Gobierno sobre el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los miembros trabajadores invitaron al Gobierno a que proporcione información sobre el modo en que este programa ha tomado en consideración las relaciones entre los objetivos del empleo y otros objetivos económicos y sociales. La Comisión de Expertos se refirió a la resolución núm. 9855, de 22 de julio de 2016, que se adoptó en el marco del estado de excepción y de emergencia económica declarado por el Gobierno. Los miembros trabajadores consideraban que, en ese contexto, el Gobierno debería asegurar que no se coloque temporalmente a ningún trabajador en otra empresa sin el consentimiento de aquél. En lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales, los miembros trabajadores recordaron el artículo 3 del Convenio y varios casos en los que se ha señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia la falta de medidas para permitir el diálogo social efectivo. La crisis económica sólo podrá superarse si los interlocutores sociales participan en el proceso de toma de decisiones en relación con la política de empleo. Entre las conclusiones del informe de la misión tripartita de alto nivel de la OIT que tuvo lugar en 2014, se invitó al Gobierno a que entable un debate tripartito con la participación de la OIT a fin de abordar todas las cuestiones vinculadas con las relaciones laborales, incluido el mantenimiento de consultas sobre la legislación relativa a cuestiones laborales, sociales y económicas. Al tiempo que reiteraron la necesidad de cumplir los compromisos contraídos por el Gobierno en el Consejo de Administración, los miembros trabajadores deploraron que el Gobierno no haya cumplido plenamente dichos compromisos, en particular la elaboración de un programa de reuniones concreto con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Los miembros trabajadores esperaban que se realicen progresos tangibles, en consonancia con los objetivos establecidos en el plan de trabajo acordado, con miras a asegurar la aplicación y verificación de las normas con la plena participación de los interlocutores sociales.

Los miembros empleadores observaron que, por segundo año consecutivo, el caso objeto de examen concierne a la aplicación de un convenio prioritario que busca fomentar políticas de empleo. Aclararon que, en este caso, el problema no yace en la falta de respuestas de parte del Gobierno, sino más bien en el carácter evasivo de las mismas. En su último comentario, la Comisión aborda distintos aspectos, como son, en el caso de los artículos 1 y 2 del Convenio, la política de empleo, las tendencias del mercado laboral, el régimen laboral transitorio, el empleo juvenil y el desarrollo de las pymes, y en el caso del artículo 3, la participación de los interlocutores sociales, posiblemente el asunto de mayor relevancia. En relación a dichos temas, han presentado observaciones varias organizaciones, además de FEDECAMARAS — la organización más representativa e histórica de los empresarios — así como la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) — la organización histórica de los trabajadores —, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA). En lo que atañe a las observaciones formuladas, se identifican coincidencias, por ejemplo en cuanto a la ausencia de información estadística. Agradecieron las informaciones proporcionadas por el representante gubernamental respecto del desempleo, indicaron que habían intentado obtener datos oficiales, sin éxito. Sería conveniente que el INE analizara lo dispuesto en el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) que aún no ha sido objeto de ratificación por la República Bolivariana de Venezuela. Probablemente, resultaría oportuno que lo estudiara con miras a su ratificación. En efecto, el Convenio núm. 160 es instrumental para la elaboración de una política de empleo adecuada. La ausencia de información puede ser ocasionada, por la incapacidad del Gobierno de producirla, o por la voluntad de ocultarla, en ambos casos la situación dista de ser idónea.

El Banco Mundial recientemente constató la existencia, en la República Bolivariana de Venezuela, de: un déficit fiscal estimado a finales de 2016 por encima del 20 por ciento del PIB; la inflación, una de las más altas del mundo; la depreciación de la moneda, que está siendo negociada en el mercado negro; así como la reducción de las reservas internacionales a más de la mitad, 1 300 millones de dólares. Desde un punto de vista económico, el país está sufriendo un proceso de estanflación, es decir de estancamiento con inflación. En lo que concierne a la demanda, el consumo privado está completamente afectado, socavado por la disminución de ingresos reales, la escasez generalizada de bienes de necesidad básica y lo costos de transacción cada vez más altos para hacer negocios. Los niveles de confianza están totalmente deprimidos y la gran incertidumbre, junto con la falta de disponibilidad de bienes de capital, han llevado a una fuerte caída de la inversión. Aunque no se tengan datos sobre la formación de capital bruto o datos precisos de la inversión extranjera directa, sí hay informes en los noticieros que dan cuenta de empresas muy representativas a nivel internacional que están saliendo del país. En lo que respecta a la oferta, la contracción también es generalizada, el control de precios, el control del margen de beneficios que pueden hacer quienes producen bienes y servicios, así como las restricciones a las compras de divisas, a pesar de las recientes medidas de liberalización, han afectado la adquisición de bienes intermedios y de bienes de capital, lo cual ha repercutido en la industria manufacturera, la construcción, el sector agrícola, los servicios, el comercio minorista, el transporte, el almacenamiento y los servicios financieros y de seguro. El Economist Intelligence Unit ha hecho un análisis reciente de las repercusiones que han tenido los anuncios de incremento del salario mínimo. En 2015, se incrementó tres veces con un rango entre el 10 y el 20 por ciento. En 2016, se incrementó cuatro veces, con rangos entre el 20 y el 50 por ciento. Pero en 2017, se ha incrementado en dos ocasiones, sin diálogo con las organizaciones representativas, la última de ellas se tradujo en un incremento del 60 por ciento, el 1.º de mayo. Citaron el análisis hecho en inglés: «Es altamente improbable que esta iniciativa aplaque el sentimiento antigubernamental generalizado. El Banco Central de Venezuela probablemente emita moneda para financiar el aumento del salario mínimo (el crecimiento anual de los agregados monetarios ya ha pasado del 160 por ciento a principios de 2017 al 216 por ciento a finales de abril), y el consiguiente incremento de la inflación probablemente merme el poder adquisitivo. Además, la escasez de alimentos y de otros bienes de consumo sigue siendo generalizada, anulando el impacto del incremento de los salarios. […] estos hechos indican que la inflación seguirá aumentando y están en consonancia con las previsiones actuales de que, en 2017, la inflación será en promedio del 562 por ciento, en relación con el 422 por ciento registrado en 2016. Este factor contribuirá al descontento popular continuo y creciente.». Siguen sin atenderse las solicitudes hechas en 2016 por la Comisión de Expertos. Consideraron que era fundamental hacerle un llamado al Gobierno para que ponga en ejecución todas las acciones y políticas que se le han pedido. Dichas solicitudes están concatenadas con otras hechas en el seno de otros órganos de la OIT. Refiriéndose a la intervención del representante gubernamental, manifestaron su inquietud al escuchar que al CNEP asisten los «empresarios más prominentes» a criterio del Gobierno y no la organización más representativa de los mismos. Ello es una clara vulneración del artículo 3 del Convenio. Resaltaron la conexión existente entre dicha disposición y el caso núm. 2254 que viene analizando el Comité de Libertad Sindical y en el marco del cual se ha deplorado profundamente la persistencia de la situación en materia del diálogo social. Producto de la falta de progresos, se determinó tener una conversación directa con el Gobierno durante la Conferencia. Indicaron que aspiraban, como empleadores, a un clima de diálogo constructivo, inclusivo y genuino.

La miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó que el caso al año volvía a ser objeto de examen, ya que la situación en el país es insostenible, todos los indicadores han desmejorado notablemente. El Gobierno no dio efecto a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, no realizó las consultas tripartitas para la formulación de una política de empleo, no constituyó una mesa de diálogo tripartito, ni tampoco ha aceptado la misión tripartita de alto nivel de la OIT previo a esta reunión de la Conferencia. El Gobierno dice haber sostenido reuniones con el sector empresarial, en el seno del CNEP. FEDECAMARAS no ha sido convidada a participar en el mismo. Por consiguiente, los acuerdos concluidos con empresarios o gremios de manera individual o sectorial en el Consejo, no sustituyen la participación institucional de FEDECAMARAS ni comprometen al resto del sector empresarial, en la discusión de los temas transversales o de reformas estructurales que el país requiere en materia económica. Las medidas tomadas en el seno del Consejo Nacional de Economía no han tenido resultados positivos palpables; al contrario, de haber un verdadero diálogo, ¿cómo se podría explicar el cierre de tantas empresas por falta de materia prima, por inviabilidad económica, o por el incumplimiento de parte del Gobierno de sus obligaciones financieras y comerciales? Hizo referencia a la fuerte caída de las importaciones y a los altos niveles de desabastecimiento de alimentos y medicinas, que alcanzan en algunos casos, entre un 80 y un 100 por ciento. Para finales de 2017, se estima una contracción acumulada del PIB, en cuatro años, por encima del 30 por ciento. Al cierre de 2016, las importaciones se habían reducido en un 45 por ciento. La capacidad productiva ha mermado en un 60 por ciento. Según las últimas estadísticas del INE sobre fuerza de trabajo, de abril de 2016, en un año, se perdieron 110 000 patronos y empleadores y 224 500 puestos de trabajo, en relación con 2015. No se cuentan con estadísticas más actualizadas, hace diecisiete meses que no se publican los principales indicadores macroeconómicos oficiales. Se estima que la población económicamente activa cayó en 198 000 personas, con una importante disminución en los segmentos de mujeres y jóvenes entre 15 y 24 años; la población económicamente inactiva aumentó en 612 000 personas.

Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015, ingresaron a Latinoamérica por concepto de inversión extranjera aproximadamente 134 000 millones de dólares, la República Bolivariana de Venezuela sólo recibió 2 000 millones (aproximadamente un 1,9 por ciento). No es fortuito que, en 2016, más de 45 empresas transnacionales hayan declarado pérdidas en sus balances, por sus operaciones en la República Bolivariana de Venezuela, o incluso hayan cesado definitivamente sus actividades en el país. Más allá del ámbito económico, el país se encuentra inmerso en una profunda crisis política y social, al límite de una crisis humanitaria. Muchos venezolanos mueren por falta de medicinas y 9,6 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016 señala que al 93 por ciento de los hogares no le alcanzan los ingresos para comprar sus alimentos y que un 82 por ciento de la población vive en situación de pobreza. El 88 por ciento de los jóvenes desearían irse del país en búsqueda de mejores oportunidades. Por ello no es de extrañar que se lleven más de setenta días de protestas ininterrumpidas en las calles. Deploró la pérdida de más de 70 vidas humanas, muy jóvenes en su mayoría. Hizo un llamado al Gobierno indicando que ya era hora de tener un verdadero diálogo social y no reuniones de carácter meramente informativo, sin agenda definida, sin acciones y ni objetivos concretos. Mencionó que, paralelamente, continúan las amenazas e insultos proferidos contra líderes de FEDECAMARAS, a través de todos los medios de comunicación social del Estado, se les acusa de ser, entre otros, asesinos, conspiradores o golpistas. Destacó que FEDECAMARAS aceptaba participar en el diálogo convocado en fecha 13 de junio de 2017, pero no han recibido el programa de la reunión. Recientemente, el mismo Presidente de la República acusó a FEDECAMARAS de «haberse pasado del lado de los fusiles», por negarse a participar en una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Gobierno, que ha sido cuestionada por distintos actores, entre éstos, la Fiscal General de la República y algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que además ha suscitado la interposición de recursos judiciales de nulidad por inconstitucionalidad. Enfatizó que FEDECAMARAS no mantiene un doble discurso, no participará ni avalará un proceso en el que se pretende dictar una nueva Constitución, sin la venia del pueblo venezolano. Sin embargo, sí es necesario hablar de los temas que permitan resolver los graves problemas que son de interés común y que afectan a todo el país. En especial, FEDECAMARAS desea discutir sobre la reactivación del aparato productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario, de planes para la atracción y mantenimiento de las inversiones, del cese de las ocupaciones forzosas de empresas y del respeto de la libre iniciativa empresarial. Es indispensable y urgente asumir un proceso de verdadero diálogo social, efectivo, responsable, serio y legítimo. Asimismo, es necesario construir las bases de confianza indispensables para dicho diálogo, ya que no es efectiva una política de empleo inconsulta, sobre la mera base de incrementos salariales cada dos o tres meses, anulados por la inflación. Empleadores y trabajadores deben participar en el diseño de las políticas públicas que permitan crear las condiciones básicas para garantizar el sostenimiento de las empresas y de los empleos decentes y así poder ofrecer una vida digna a los venezolanos. Concluyó solicitándole a la Comisión de Aplicación de Normas que, de no ser aceptada por el Gobierno la misión tripartita de alto nivel que se pidió el año pasado, el Consejo de Administración en su próxima reunión estudie nuevamente la conformación de una comisión de encuesta.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela denunció a la organización de empleadores FEDECAMARAS por el intento de utilizar a la Comisión con fines políticos. Indicó que durante los últimos quince años FEDECAMARAS se ha negado a reconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los poderes públicos así como la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), instrumento que garantiza el cumplimiento de todos los convenios fundamentales de la OIT. Señaló que FEDECAMARAS lejos de utilizar una política que favorezca el empleo y el cumplimiento del Convenio, ha desarrollado una guerra económica cuyo objetivo es el desplazamiento del poder de la revolución bolivariana para apropiarse junto con las trasnacionales de las inmensas riquezas naturales del país. Al respecto, se refirió al despido de más de 9 000 trabajadores por parte de una de las empresas afiliadas a FEDECAMARAS y conocida por ser la más grande productora de alimentos del sector privado en el país. Asimismo, denunció la perpetración de actos violentos por parte de FEDECAMARAS contra medianas empresas de comercio y producción, a las que el Gobierno tuvo que conceder créditos bancarios para recuperar los puestos de trabajo que fueron destruidos. Manifestó que todas esas acciones amenazan los inmensos logros del pueblo venezolano expresados en mejores y permanentes aumentos salariales, estabilidad laboral, las cifras de desempleo más bajas en la región, educación gratuita y de calidad, así como acceso gratuito a la sanidad. Indicó que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado públicamente a los empresarios venezolanos a incorporarse a la instancia nacional de diálogo tripartito, que es el CNEP, donde participan los trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), un sector de los empleadores afiliados a FEDECAMARAS y el Gobierno, con miras a elaborar políticas económicas que permitan superar el modelo productivo capitalista. Se refirió al discurso del presidente de FEDECAMARAS ante la plenaria de la Conferencia el 7 de julio de 2017, en el que éste señaló que debe establecerse un diálogo social legítimo en el país; reestructurarse el Estado y los poderes públicos, los cuales deben ser independientes; hacerse un cambio de modelo económico; enfrentar la inflación; y declaró que la constituyente convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es ilegítima. Manifestó que dicha declaración del presidente de FEDECAMARAS llama a la confrontación y no al diálogo. Expresó asimismo que FEDECAMARAS se niega a participar en la iniciativa de diálogo social, amplio y profundo, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Manifestó que los trabajadores y trabajadoras venezolanos y el pueblo venezolano en general, no quieren injerencias en sus asuntos internos, y que son ellos quienes han de resolver sus problemas a través del diálogo. Concluyó que, en conjunto con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores garantizan el cumplimiento del Convenio. En este sentido, destacó la fuerte lucha en el marco de la revolución bolivariana por conquistar múltiples derechos anteriormente negados por FEDECAMARAS. Entre tales derechos, subrayó el aumento del salario mínimo en 34 ocasiones en dieciocho años y que benefició a 14 millones de trabajadores; la negociación de 2 177 contratos colectivos en cuatro años que ampararon a más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras; la construcción de 1 millón y medio de viviendas para la clase trabajadora; la dotación de autobuses y taxis a los sindicatos del transporte colectivo de pasajeros; la permanente creación de nuevos puestos de trabajo en el área de la producción agrícola; el apoyo crediticio a las pequeñas y medianas industrias; el impulso de los Consejos Productivos de Trabajadores como organizaciones de la clase obrera para dirigir, planificar y monitorear los procesos productivos; y la creación del CNEP. Finalmente, con base en todas estas razones, expresó su rotundo rechazo a la queja interpuesta por la organización de empleadores FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental de Panamá, en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), observó que el Informe de la Comisión de Expertos de 2016 se limita a solicitar información adicional y no señala la existencia de un presunto incumplimiento del Convenio. En su Informe, la Comisión de Expertos tomó nota de las informaciones presentadas por el Gobierno sobre la adopción de diversas medidas en el marco del Convenio, tales como el Segundo Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019, la implementación de acciones estratégicas denominadas «Agenda Económica Bolivariana», la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva en 2016 como instancia de diálogo tripartito que abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas en el país y la Ley para la Juventud Productiva núm. 392, de 2014. Confió en que el Gobierno seguirá presentando información respecto a la aplicación del Convenio y alentó al mismo a que refuerce el diálogo social tripartito. Destacó la asistencia brindada por la Oficina en relación a la reunión tripartita solicitada por el Gobierno que se celebraría la semana siguiente en el marco de la Conferencia con las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanos.

La miembro gubernamental de Cuba suscribiendo la declaración del GRULAC y agradeciendo la información suministrada por el Gobierno, consideró que la Comisión de la Conferencia, al analizar este caso, debía tomar en cuenta la información proporcionada por el Gobierno en su memoria y que aparece consignada en el comentario de la Comisión de Expertos de 2016. Entre tales informaciones, destacó la política de empleo, cuyos principales objetivos y líneas de acción aparecen reflejados en el Plan de desarrollo económico y social 2016-2020; los aumentos del salario mínimo básico; regulaciones de inamovilidad laboral; la adopción de un plan reforzado de protección del empleo, los salarios y las pensiones; la estrategia de promoción de la inserción laboral de los jóvenes y la creación del CNEP como instancia de diálogo tripartito que abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas del país. Afirmó que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones en materia de política de empleo, pese al clima de agresiones y guerra económica y mediática, manipuladas desde el exterior con el fin de desestabilizar la sociedad venezolana. Concluyó que no existen fundamentos para que este caso compareciera ante la Comisión de Aplicación de Normas. Considerando que conforme al artículo 22 de la Constitución de la OIT, las informaciones solicitadas al Gobierno por parte de la Comisión de Expertos pueden ser presentadas en la próxima memoria, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas que garantice el cumplimiento de lo legalmente establecido.

El miembro empleador del Perú afirmó que los datos proporcionados por la representante de FEDECAMARAS evidencian que la política económica y de empleo aplicada en la República Bolivariana de Venezuela ni fomenta el empleo ni lo hace de manera productiva, lo que determina que en la práctica el trabajo no sea susceptible de elegirse libremente como establece el Convenio. Señaló, asimismo, que el Gobierno ha incumplido de manera reiterada las solicitudes de la Comisión de Expertos relativas al mandato de constituir un órgano de diálogo social que incluya a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores. Por lo tanto, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas que instara al Gobierno a cumplir con el Convenio y a aplicar todos los mecanismos disponibles en la OIT con miras a que el Gobierno consulte a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores para formular políticas económicas y de empleo.

El miembro gubernamental de Nicaragua suscribió la declaración del GRULAC y agradeció al Gobierno las informaciones proporcionadas. Reiteró su preocupación por los intentos de politizar la labor de la OIT al considerar que se había forzado la discusión del caso sin que haya fundamentos técnicos. Recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos de la aplicación del mismo. Se refirió a lo manifestado por los miembros empleadores ante la 104.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en relación al papel de la Comisión de Aplicación de Normas concerniente a este Convenio que debe limitarse a verificar la existencia de una política de empleo que tenga como objetivo el pleno empleo y el empleo productivo, y no a juzgar la validez, la eficiencia o la justificación de las medidas adoptadas. Expresó que, con base en tales declaraciones y a la luz de las informaciones aportadas por el Gobierno, no debe quedar duda de que el Gobierno ha cumplido con el Convenio. Tomó nota con agrado de la reunión tripartita que con asistencia del Director General de la OIT se celebrará el 13 de junio de 2017 entre el Gobierno y las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanas. Expresó su esperanza que dicha reunión permita reforzar el diálogo social tripartito en el país. Por último, invitó a la Comisión de Aplicación de Normas a hacer una evaluación equilibrada y justa del caso e instó a la misma a no prestarse a maniobras políticas que alejan a la OIT del noble objetivo para el que fue fundada.

El miembro empleador de Honduras señaló que en el país no existe una política activa de empleo destinada a promover un empleo pleno, productivo y libremente elegido, y que el Gobierno no mantiene un diálogo social con los principales actores del país. Recordó que se trata de un Convenio de gobernanza, prioritario de la OIT y que, de 1990 a la fecha, la Comisión de Expertos ha formulado 14 observaciones sobre la aplicación del mismo. Recordó asimismo que, pese a que en 2016 la Conferencia instó al Gobierno a aceptar una misión tripartita de alto nivel, hasta la fecha el Gobierno no ha dado cumplimiento a la misma. Destacó que es necesario que la Comisión de Aplicación de Normas logre que el Gobierno acepte la conformación de dicha misión tripartita de alto nivel, o acepte la asistencia técnica de la OIT para la conformación de una mesa de diálogo tripartito y manifestó que, en caso de que el Gobierno no aceptara ninguna de estas dos propuestas en el marco de la Conferencia, debería trasladarse al próximo Consejo de Administración para que examine la conformación de una comisión de encuesta para el debido cumplimiento del Convenio.

El miembro gubernamental de Mauritania señaló que el Gobierno ha informado sobre los grandes esfuerzos que ha realizado para asegurar el pleno empleo y continuar garantizando así la dignidad de todos los ciudadanos de este país. Se sometió a la Comisión de Expertos la memoria de 2016 relativa a la aplicación del Convenio, en la que se subrayan los progresos realizados en lo tocante a la promoción del empleo. Además, en su comentario de 2016, la Comisión de Expertos se limita a solicitar al Gobierno que comunique información complementaria. La presentación de la política de empleo se ha apreciado en su justo valor y éste es sin duda el motivo por el que la Comisión de Expertos no ha detectado casos de incumplimiento grave del Convenio, limitándose a solicitar al Gobierno que proporcione ejemplos más concretos. En su empeño por cumplir todas las condiciones para asegurar el éxito de la política de empleo, el Gobierno ha reforzado el diálogo social. Por lo tanto, conviene alentar a los empleadores a que se asocien con los trabajadores y el Gobierno con el fin de unir los mejores métodos y medios para alcanzar los objetivos asignados a esta política. En vista de lo que precede, puede deducirse que la política de empleo de la República Bolivariana de Venezuela es muy sólida, que las condiciones de los trabajadores en términos salariales son buenas, que el empleo de los jóvenes tiene una dinámica especial y que la situación de las personas de edad y de los trabajadores jubilados sigue siendo satisfactoria.

El miembro trabajador de Honduras manifestó que, pese a cumplir con la aplicación de las leyes en materia laboral, el país es nuevamente víctima de un juego político. Destacó los grandes avances que se han logrado en lo que respecta a la protección social y defensa de los derechos laborales, y destacó asimismo el rol que ha desempeñado la CBST. Indicó que, si bien el Informe de la Comisión de Expertos no hace mención alguna al incumplimiento del Convenio, preocupan las denuncias de los sindicatos sobre algunos empleadores afiliados a FEDECAMARAS, que se vienen dedicando al sabotaje de la producción de bienes y servicios, cerrando sus empresas y echando a la calle a centenares de trabajadores. Al mismo tiempo, reconoció las acciones de otros sectores de empleadores también afiliados a FEDECAMARAS que mantienen sus empresas con altos índices de productividad, respetando la estabilidad de los trabajadores y participando con el Gobierno y los trabajadores en el CNEP.

Una observadora en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recordó que el Convenio prevé la declaración y aplicación de una política activa destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Dicha política debe tener por objeto asegurar que haya trabajo para todo el que busca empleo, trabajo productivo y libre elección del empleo, y que se brinde a los trabajadores la oportunidad de utilizar sus calificaciones en un empleo para el que sean aptos. El Convenio exige también la celebración de consultas con los interlocutores sociales. El empleo productivo y sostenible es la base del trabajo decente, de la creación de riqueza y de la justicia social. El empleo es el resultado de las inversiones, y un indicador del éxito de una política de empleo es si alienta o desalienta las inversiones y la creación de empleo. Éste es el segundo año consecutivo en que la República Bolivariana de Venezuela ha comparecido ante la Comisión. El Gobierno no ha dado curso a las conclusiones de 2016 de la Comisión, y la situación en el país ha empeorado desde entonces. El Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por la oposición, ha comunicado que, en febrero de 2017, los precios del consumo aumentaron un 741 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior. Desde 2014, tanto la pobreza general como la extrema pobreza se han deteriorado hasta caer a los niveles más bajos registrados en al menos un decenio y medio. Miles de empresas del sector privado han cerrado, se han perdido empleos y ha aumentado la economía informal. La situación social y económica del país es dramática y ha seguido deteriorándose. La oradora exhortó al Gobierno a que cumpla las disposiciones del Convenio tanto en la legislación como en la práctica, siguiendo una política activa concebida para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Recordó el papel que desempeñan las organizaciones de trabajadores representativas y FEDECAMARAS a este respecto, así como las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración y los órganos de control de la OIT, y las contenidas en el informe de la misión de alto nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en 2014.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán observó que las medidas adoptadas por el Gobierno evidencian su voluntad de mejorar la situación y merecen la debida consideración por parte de la Comisión. Tomando nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno en su memoria y de las medidas adoptadas para promover el empleo de los jóvenes, acogió con beneplácito la creación del CNEP con miras a abordar el desarrollo de las áreas económicas estratégicas por conducto del diálogo tripartito. Hasta la fecha, el CNEP ya ha celebrado más de 300 reuniones. Dado que el Convenio conlleva una serie de elementos técnicos, su aplicación apropiada y efectiva requiere la asistencia técnica de la Oficina. Con este fin, pidió a la Oficina que preste más asistencia técnica al Gobierno, y reiteró su apoyo a los continuos esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones nacionales.

El miembro trabajador de Colombia manifestó que la clase trabajadora venezolana está migrando, debido a la falta de oportunidades, alimentos y servicios médicos y recordó que en 2016, la Conferencia deploró la crisis social y económica que afectaba al país así como la ausencia de una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Subrayó que la Comisión debería exigir al Gobierno que acepte la asistencia técnica de la OIT y que se concrete la misión tripartita de alto nivel. Concluyó indicando que es inaceptable que se señale como golpistas y terroristas a quienes se atreven a protestar ante una situación inaceptable.

La miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia se sumó a la declaración realizada por el GRULAC y destacó que en su Informe, la Comisión de Expertos no hizo alusión alguna a incumplimientos precisos del Convenio. Destacó, asimismo, que el Convenio no impone a los Estados la obligación de implementar un modelo económico y social específico, sino que alienta la implementación de políticas de empleo en el marco de la soberanía de cada Estado. En tal sentido, subrayó que las políticas públicas destinadas a efectivizar y garantizar derechos humanos progresivos, deben ser analizadas respetando el margen de apreciación soberano de cada Estado, y que el examen que realiza la Comisión de Expertos debe ser objetivo, exhaustivo, y debe limitarse a consideraciones jurídicas dentro de su mandato.

El miembro trabajador de Benin subrayó que, según la observación de la Comisión de Expertos de 2017, el Gobierno ha proporcionado información actualizada sobre el Convenio; que la política de empleo existe gracias al Plan de desarrollo económico y social; que se ha informado de esta política a los interlocutores sociales, tal como se mencionó en 2015 en los debates celebrados durante la Comisión de Aplicación de Normas, y que se escucha a estos últimos en el CNEP. Por todas estas razones, el examen del caso de la República Bolivariana de Venezuela por la Comisión de Aplicación de Normas está injustificado. Miles de trabajadores son despedidos en otros países sin que la Comisión examine su caso. Los empleadores de la República Bolivariana de Venezuela quieren reducir el número de trabajadores en el país. Sin embargo, no pueden despedir a ningún trabajador sin la autorización del Gobierno. En la República Bolivariana de Venezuela, las pensiones y los salarios garantizados se aumentan por decreto presidencial, y los convenios colectivos se negocian. Existen lugares en el mundo donde la situación de los trabajadores es mucho peor y, sin embargo, la Comisión de Aplicación de Normas no examina esos casos. Por lo tanto, está injustificado que se pretenda condenar a la República Bolivariana de Venezuela. Los empleadores quieren que el país pierda todo lo que las personas han logrado y que muchos trabajadores admiran. Los trabajadores del mundo entero son solidarios con la República Bolivariana de Venezuela.

La miembro gubernamental del Pakistán indicó que valora la declaración realizada por el GRULAC y acogió con beneplácito tanto las acciones emprendidas por el Gobierno para velar por el cumplimiento de las normas del trabajo en el país a través de medidas legislativas y políticas, como el compromiso constructivo con los órganos de control de la OIT. Se felicitó por que el Gobierno esté de acuerdo en recurrir a la asistencia técnica de la OIT para solucionar estas cuestiones por conducto del diálogo tripartito. La oradora tomó nota con reconocimiento de la presentación a tiempo de memorias e información, y de que en la última observación de la Comisión de Expertos no se menciona el incumplimiento. Esperaba con interés que se celebren los próximos debates, el 13 de junio de 2017, entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, los empleadores y los trabajadores, y confiaba en que se obtengan resultados positivos y se dé por terminado el caso.

Una observadora en representación de la Organización Mundial de Trabajadores indicó que las recomendaciones de esta Comisión y del resto de los órganos de control de la OIT han sido desatendidas por el Gobierno y que la situación en el país ha empeorado. Casi 7,7 millones de personas están desempleadas o trabajan en el sector informal de la economía, el 60 por ciento de los hogares sólo hacen dos tiempos de comida y que cientos de familias hoy hurgan en la basura para subsistir en uno de los países con más riquezas en el mundo. Destacó que es necesario que se produzca un cambio en la política económica y social en el país y apoyó que se lleve a cabo la misión tripartita de alto nivel.

La miembro gubernamental de Myanmar elogió al Gobierno por la presentación a tiempo de su memoria y tomó nota de que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con una política de empleo sostenida en el marco de su Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Alentó a los empleadores y al Gobierno a entablar un diálogo objetivo y constructivo sobre el cumplimiento del Convenio, especialmente en relación con las dificultades que plantea la política de empleo. Se felicitó asimismo por la reunión tripartita y confió en que se obtengan resultados positivos, que pondrían fin a la necesidad de que la Comisión examine el caso en el futuro.

El miembro empleador de Chile recordó que era el segundo año consecutivo que se analizaba en la Comisión el incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio. La comunidad internacional ha sido testigo de cómo la crisis social y económica se ha profundizado de manera dramática, afectando a los trabajadores y empleadores. La ausencia de una política activa de empleo destinada a promover el empleo productivo impide estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de la población, satisfacer las necesidades de mano de obra, y resolver la grave situación de desempleo y subempleo que vive el país. Por otra parte, la ausencia de diálogo social en el país sigue repercutiendo negativamente en el empleo, porque el Gobierno sigue sin consultar a FEDECAMARAS en su calidad de organización más representativa de los empleadores, y en la formulación de una (inexistente) política de empleo. Recientemente el Gobierno venezolano ha decidido convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, destinada a generar una nueva constitución para el país, iniciativa que desde su anuncio ha sido cuestionada por la sociedad civil, por no respetar el procedimiento para su convocatoria que prevé la constitución vigente. Y es en ese espacio en el que el Gobierno ha invitado a participar a FEDECAMARAS, pretendiendo que con el mismo se esté dando cumplimiento a la promoción del diálogo social y el deber de consulta establecidos en el Convenio. Hizo un llamado para que el Gobierno acepte la misión tripartita de la OIT y realice consultas tripartitas genuinas con vistas a implementar una política activa de empleo.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia tomó nota de que el Gobierno se ha comprometido a colaborar de una manera constructiva con la OIT y con los interlocutores sociales, incluida FEDECAMARAS. El Gobierno ha actuado continuamente basándose en el diálogo tripartito con el objetivo de reestablecer la confianza y de alcanzar un consenso. La Comisión de Expertos no ha observado ningún incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio, por lo que resulta difícil comprender que se haya incluido el caso en la lista. La aplicación efectiva del Convenio depende del nivel de desarrollo económico y social de cada país. Se trata de un Convenio marco que no puede analizarse en términos de su aplicación a escala nacional. A su juicio, la Comisión de Expertos no puede evaluar el contenido de las políticas de empleo contempladas en el Convenio, y el examen reiterado de esta cuestión por la Comisión de la Conferencia no promoverá la ratificación del Convenio por otros Estados Miembros. Al tiempo que expresó una vez más su preocupación por los intentos repetidos de utilizar la OIT con fines políticos, el orador acogió con satisfacción la colaboración del Gobierno y la OIT para promover la aplicación de las normas del trabajo en el país, y expresó la esperanza de que prosiga dicha cooperación.

El miembro trabajador de la República Dominicana señaló que en la República Bolivariana de Venezuela se han sucedido gobiernos que lograron una mayor justicia distributiva a través de incrementos salariales que disminuyeron la desigualdad. Lograron también que la mujer y la juventud reivindiquen sus derechos, que disminuya el desempleo, y el acceso de muchas personas a la alfabetización y la salud. Esto causa irritación en algunos sectores que siempre se han beneficiado de la situación de desprotección que viven los trabajadores en esa región. Consideró importante las expresiones de los miembros empleadores indicando que el empresariado no estaba para intervenir en cuestiones políticas sino para generar riqueza. En este sentido, recordó que un empresario venezolano dio un golpe de Estado en 2002 que duró 48 horas, pretendiendo sustituir al Gobierno legítimamente electo. Expresó estupor por la situación de un ciudadano venezolano que fue quemado vivo por sospecharse que era simpatizante del Gobierno y reclamó el cese de ese tipo de actos.

El miembro gubernamental de Burundi indicó que, en el comentario de 2017 de la Comisión de Expertos, se solicita al Gobierno que comunique información detallada concreta sobre ciertos aspectos del Convenio, sin mencionar su incumplimiento. En virtud de los artículos 1 y 2 del Convenio, la política de empleo es específica para cada país, tiene en cuenta la fase y el nivel de desarrollo económico, y se pone en práctica a través de métodos adaptados a las condiciones y las prácticas nacionales. El Convenio prevé la celebración de consultas con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a fin de tener en cuenta su experiencia y su opinión. Sin embargo, estas consultas no son vinculantes y el Convenio no crea la obligación de negociar la política de empleo. La función de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia respecto del Convenio es velar por que los Estados Miembros tengan la intención explícita de garantizar un empleo pleno y productivo, lo que el Gobierno ha demostrado claramente. No incumbe a la Comisión de Expertos evaluar la validez, la efectividad o la justificación de las medidas adoptadas de conformidad con el Convenio. Este último es un instrumento de promoción que no necesita el contenido de la política de empleo, sino que tiene en cuenta el contexto político, económico y social del país. Es lamentable que se trate de un caso político claro de los miembros empleadores contra el Gobierno. Una vez más, el examen del caso por la Comisión de la Conferencia está injustificado. Por último, el orador solicitó al Gobierno que proporcione más información sobre la aplicación del Convenio, en el marco de la presentación periódica de memorias.

La miembro trabajadora del Paraguay recordó que la CGT asumió en ocasión de la anterior Conferencia el compromiso de presentar una queja contra el Gobierno, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, por las reiteradas violaciones a la libertad sindical, la discriminación en el empleo y la protección del salario, con la intención de presionar al Gobierno para que asumiera que sin justicia social no hay paz. Desafortunadamente el Consejo de Administración decidió dividir la queja para que una parte fuera al Comité de Libertad Sindical y la otra a la Comisión de Expertos. Señaló que el Gobierno ignora las recomendaciones de la OIT, lo que agudiza la situación del país que hoy se encuentra en una crisis con el pueblo en las calles exigiendo comida, salud, medicinas empleos y seguridad. Le solicitó al Gobierno que escuche y adopte las recomendaciones de la Misión de la OIT que visitó el país, que constató la ausencia de una política de empleo ocasionada por el crecimiento de la pobreza, que se considera que afecta a un 53 por ciento de la población. La imposición de un salario mínimo, sin consulta a la clase trabajadora y sin respetar el Convenio, en un escenario con un alto índice de inflación ha provocado una disminución del poder adquisitivo.

El miembro gubernamental de Egipto, tomando nota de la visión global proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas en virtud del Convenio, reconoció los esfuerzos realizados para entablar un diálogo social tripartito con los interlocutores sociales y para adoptar una política de empleo que acabe con el desempleo. Alentó al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para cumplir el Convenio y a continuar recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

El miembro trabajador de Nicaragua expresó su rechazo a que se haya incluido el caso de la República Bolivariana de Venezuela en la lista de casos a tratar por la Comisión, por tener tintes políticos y estar dirigido a socavar la estabilidad del país. Es reiterada la actitud arrogante del sector empleador por sostener este caso sin fundamento. Este empresariado es parte de la guerra económica contra el Gobierno, reclama diálogo en la OIT pero no acude o pone condiciones cuando el Gobierno o los trabajadores lo convocan a dialogar para buscar soluciones a los problemas económicos. El caso no se sustenta en violación alguna, ya que incrementar el salario mínimo ante la actitud empresarial de evadir este derecho demuestra la preocupación del Gobierno en restituir el poder adquisitivo de los trabajadores. Detrás de la supuesta defensa de derechos humanos, fuerzas externas generan acciones para crear condiciones que atentan contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Es obvio el interés y deseos de la derecha extrema en querer dar un golpe de Estado y utilizan estos espacios para crear condiciones para justificar esas acciones. Aquellos que dicen que las protestas son pacíficas en Venezuela, queman y saquean comercios. Subrayó que una periodista nicaragüense fue impactada por un balazo durante las manifestaciones.

El miembro empleador del Uruguay observó que los cuestionamientos a la República Bolivariana de Venezuela en la OIT han dejado de ser una preocupación exclusiva del sector empleador. Hoy en día las denuncias son también presentadas por el sector trabajador. Consideró que el sistema de control de la OIT es una oportunidad para los países miembros de mejorar las políticas que impulsan, adecuándolas a los convenios ratificados. En lo que se refiere al Convenio núm. 122, la Comisión de Expertos ha solicitado al Gobierno el cumplimiento de diversas acciones definidas por la Comisión de Aplicación de Normas, que aún se encuentran pendientes de ejecución y que se deben cumplir en instancias de diálogo social. Es urgente encontrar puntos de encuentro entre los actores sociales, ya sea a través de asistencia técnica, de una misión o una comisión de encuesta. Dada la situación por la que atraviesa el país, expresó su deseo de que nada de lo que se diga en la Comisión de Aplicación de Normas fomente aún más la división, y que los representantes del Gobierno, del sector trabajador y del sector empleador, logren tomar en forma constructiva las distintas intervenciones, especialmente, aquellos aspectos que podrían mejorar el diálogo social.

Un observador en representación de la Federación Sindical Mundial (FSM) observó que los países de algunas de las organizaciones que acusan al Gobierno no han ratificado el Convenio. Se acusa al Gobierno de no tener una política destinada a promover el pleno empleo, sin embargo, ningún Miembro de la OIT ha logrado ese objetivo. El Gobierno informó que ha procurado implementar una política de empleo en la medida en que sus condiciones económicas y prácticas nacionales lo permitan. Hay países en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, con peores indicadores en materia de empleo. En la publicación de la OIT, Panorama Laboral 2016, se puede constatar que la tasa de desocupación en la República Bolivariana de Venezuela es del 7,5 por ciento, lo que la sitúa en el noveno lugar entre los veinte países de la región Latinoamericana. Consideró que se está juzgando severamente al Gobierno y se le imponen obligaciones que no forman parte de la letra del Convenio, como lograr el pleno empleo, crear de forma inmediata un órgano tripartito de diálogo social, y garantizar el empleo juvenil, el empleo en las pequeñas y medianas empresas. Las acusaciones son un pretexto para cuestionar al país por todo. Los mismos que en Venezuela toman la calle, paralizan la economía, impiden el trabajo y tratan por todos los medios de tumbar al Gobierno, son los mismos que reclaman pleno empleo en la Comisión de Aplicación de Normas. La OIT no debe ser utilizada para estos fines. La crisis económica y social que vive el país no puede ser resuelta desde el exterior, sino que debe ser resuelta soberanamente por los propios venezolanos. Consideró que por esos motivos la República Bolivariana de Venezuela no debería estar dentro de los 24 casos seleccionados por la Comisión de Aplicación de Normas. Solicitó que no se sancione de ninguna forma al país en las conclusiones que adopte la Comisión de Aplicación de Normas.

El miembro gubernamental de Argelia acogió con agrado los progresos tangibles realizados por el Gobierno, en particular su voluntad política en relación con la aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada, y tomó nota con satisfacción de la participación de los interlocutores sociales en el CNEP, el foro tripartito de diálogo y concertación que se ocupa del desarrollo de zonas económicas estratégicas en el país. Se alienta al Gobierno a perseverar en sus esfuerzos por aplicar la política de empleo, cuyo objetivo sigue siendo la reducción de la tasa de desempleo y el bienestar de los trabajadores del país.

El miembro trabajador de Cuba observó que los artículos 1 y 2 del Convenio prevén que la política de empleo es específica a cada país, teniendo en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, político y social. Recordó que en la República Bolivariana de Venezuela ha habido una guerra económica, motivada por el rechazo a un modelo de producción distinto a los intereses del capital y con justicia social. Además, ha habido intentos de agudizar el conflicto social, suscitando disturbios del orden público. Opinó que, en este caso, trascienden elementos políticos y no técnicos, ya que tanto la letra del Convenio como los comentarios de la Comisión de Expertos no dan cabida a mucho debate. Hace más de quince años que el país figura entre las listas preliminares o definitivas de casos ante la Comisión. En esta última ocasión, la Comisión de Expertos no identificó ningún incumplimiento. Hizo un llamado a quienes integran la Comisión indicando que no se deberá permitir que, en la próxima Conferencia, se repitan hechos como éste, poniendo en peligro los mecanismos tripartitos de la OIT.

El miembro gubernamental del Ecuador se adhirió a la declaración del GRULAC y apoyando al Gobierno, recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos de la aplicación del mismo. Por lo tanto, consideró que la inclusión injustificada de este caso, obedecía a una motivación política. Informó de la celebración el 13 de junio de 2017, en el marco de la Conferencia, de una gran reunión entre el Gobierno y las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanos con miras a reforzar el diálogo social tripartito en la República Bolivariana de Venezuela. Indicó, no obstante, que este nuevo llamado ante la Comisión de Aplicación de Normas podría empañar y prejuzgar los resultados de dicha reunión y afectar al diálogo tripartito tan necesario en el país. Concluyó que cualquier agenda internacional de apoyo a la paz en la República Bolivariana de Venezuela, inclusive para temas laborales, debe estar diseñada conjuntamente con el Gobierno e incluir un enfoque constructivo sobre las vías a utilizar.

El miembro empleador de México indicó que el país no cumple con el Convenio y que si bien en el marco del examen del Consejo de Administración se confió en que el Gobierno iba a impulsar un diálogo efectivo, el Gobierno no elaboró un plan de acción en consulta con los actores sociales ni constituyó la mesa de diálogo tripartito. Destacó que se necesita más que la palabra del Gobierno para garantizar que cumplirá con sus obligaciones.

El miembro gubernamental de Ghana recordó que el Convenio sienta las bases de las leyes, la regulación del empleo y los instrumentos que rigen el mundo del trabajo, también al proporcionar una plataforma para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. Es esencial que todos los gobiernos, entre ellos el de la República Bolivariana de Venezuela, velen por la aplicación del Convenio y contribuyan a apaciguar y fomentar la sensatez entre los interlocutores en el mundo del trabajo. El Gobierno ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por la Comisión con respecto a las tendencias del mercado de trabajo, el empleo de los jóvenes y la participación de los interlocutores sociales, y ha comenzado a adoptar medidas en respuesta a las solicitudes de la Comisión de Expertos. Se han proporcionado algunos informes estadísticos sobre las tendencias, y el Gobierno ha suministrado información relativa a una ley sobre el empleo de los jóvenes de 2014, que parece haber facilitado el acceso al mercado de trabajo y podría ir más lejos para asegurar el trabajo decente. Instó al Gobierno a que siga colaborando con la OIT para responder a las preocupaciones transmitidas y satisfacer las aspiraciones que ha establecido.

El miembro empleador de España observó que por segunda vez consecutiva se analiza ante la Comisión el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno. Resaltó que no corresponde en la Comisión juzgar la idoneidad de las políticas de empleo del país, pero sí evaluar si el Gobierno está formulando, en colaboración con los empresarios venezolanos representados por FEDECAMARAS, esas políticas. La situación económica y social del país es dramática. La falta de una política macroeconómica equilibrada, la inexistencia de un entorno de negocios que permita al tejido productivo local generar empleo, así como la ausencia de políticas activas de desempleo, han traído consigo la paralización de importantes sectores económicos del país y provocado un serio problema de desabastecimiento, lo que está minando de manera inexorable la estructura productiva del país. Asimismo, no existe un diálogo social estructurado que permita poner en marcha las medidas necesarias para salir de la profunda crisis que vive el país. Por diecisiete años consecutivos se viene excluyendo a FEDECAMARAS, la organización empresarial más representativa del país, del diálogo social. Donde más se pone en evidencia la falta de voluntad del Gobierno de abrir un diálogo abierto constructivo, es en su falta de predisposición a aceptar una misión de alto nivel o la asistencia de la OIT para constituir una mesa de diálogo tripartito, tal como propuso esta Comisión al Gobierno el año pasado. Solicitó a la Comisión que recomiende, de no ser aceptado así por el Gobierno en el marco de la Conferencia, activar los mecanismos alternativos previstos en la OIT.

El representante gubernamental agradeció las declaraciones del GRULAC, de los miembros gubernamentales y de los trabajadores que, en su mayoría y de forma calificada, se pronunciaron a favor de su Gobierno. Reiteró que el Convenio tiene carácter promocional y sólo requiere de los Gobiernos que adopten una política de empleo, sin especificar el contenido de la misma. El pleno empleo ha de basarse en políticas amplias, teniendo en cuenta el entorno político, el nivel y la etapa de desarrollo económico y social, la inflación y el respeto de los derechos humanos; además, sus métodos de aplicación deben ser apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. Ni la Comisión de Expertos ni la Comisión de Aplicación de Normas son competentes para juzgar la validez, la eficacia o la justificación de las medidas adoptadas en torno al Convenio. Reiteró que la Comisión de Expertos no había identificado incumplimiento alguno; pero, pese a ello, se decidió incluir a la República Bolivariana de Venezuela entre los casos a ser examinados, sin esperar que la información solicitada fuese proporcionada. Esto denota las motivaciones políticas y no técnicas de los empleadores, y más específicamente de FEDECAMARAS, las cuales prevalecieron. Recordó la oposición continua de FEDECAMARAS, quien incluso encabezó el golpe de Estado de abril de 2002, promoviendo poco tiempo después de su fracasado golpe un paro patronal que tuvo un costo de 20 000 millones de dólares y ocasionó el cierre de empresas y el desempleo de miles de trabajadores. Desde hace más de dos meses, partidos de la oposición venezolana han auspiciado protestas que, en su mayoría, han concluido de forma violenta, ocasionando a la fecha 66 lamentables muertes. Es penoso que estos actos violentos no hayan sido cuestionados y condenados por FEDECAMARAS ni por algunas organizaciones sindicales minoritarias. El Gobierno ha dado pasos concretos para convivir democráticamente en un ambiente de diálogo, concertación y paz, pero es precisamente FEDECAMARAS quien se autoexcluye. En todas las ocasiones en las que se ha figurado en la lista de casos de la Comisión de Aplicación de Normas, ha sido a petición de los miembros empleadores. Es más, en pasadas sesiones, voceros del Grupo han expresado que el Gobierno sería llamado de forma permanente, independientemente del convenio invocado. En el marco del proceso constituyente, sólo ha acudido la CBST que es la organización sindical más representativa, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y personeros de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La Asamblea Nacional Constituyente es nuestro máximo ente legislativo, con amplios poderes para modificar el modelo económico, el cuál es uno de los aspectos más controversiales en la dinámica política nacional. Es por ello que no condonamos la actitud de FEDECAMARAS que habiendo sido convocada, se niega a participar. Añadió que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente se mantiene, estando reservados cinco escaños para los empresarios y 79 para los trabajadores. Concluyó manifestando la esperanza de que las conclusiones, producto de este amplio debate, sean objetivas y equilibradas, alejadas de consideraciones negativas y subjetivas contra el Gobierno. Confió que no habría necesidad de analizar nuevamente este caso en el futuro. Se compareció ante la Comisión de Aplicación de Normas con la mejor disposición y el más amplio sentido democrático, tal y como se seguirá haciendo cuantas veces sea necesario, para reafirmar que el Gobierno no privilegiará los intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano.

Los miembros trabajadores respondieron a la declaración de los miembros empleadores según la cual el aumento del salario mínimo ha contribuido a la crisis económica, invitándoles a recordar la referencia a la Declaración de Filadelfia contenida en el Convenio, que reafirma la necesidad de políticas y programas salariales destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo. La República Bolivariana de Venezuela ha registrado avances positivos en materia de política de empleo, sobre todo en el período transcurrido hasta 2014, en el que el país se benefició de unos elevados precios del petróleo sin precedentes, lo cual favoreció el aumento del gasto público en ambiciosos programas. Sin embargo, la actual crisis económica y política puede poner en peligro esos importantes avances. Los trabajadores y los grupos más pobres de la sociedad se enfrentan al incremento de las tasas de desempleo y al trabajo precario, y miles de trabajadores se han visto obligados a volver a la economía informal. Esta crisis exige el diálogo social y el tripartismo. Al tiempo que recordaron que el Gobierno no ha aceptado la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de que acepte la visita de una misión tripartita de alto nivel, los miembros trabajadores subrayaron que el Gobierno tampoco ha fijado un calendario detallado para restablecer el diálogo tripartito con el fin de abordar la política económica y las relaciones laborales, y que se ha abstenido de dar cumplimiento a la recomendación de establecer una mesa redonda con la participación de la OIT, después de la misión de alto nivel de 2014. Los miembros trabajadores instaron al Gobierno a que adopte medidas concretas tendientes a formular y adoptar una política activa de empleo que tenga por objeto promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido de conformidad con el Convenio, a implantar un órgano estructurado de diálogo tripartito social estructurado, a tomar medidas inmediatas que fomenten un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y a fijar y aplicar con urgencia plazos en relación con todos los compromisos contraídos anteriormente con el Consejo de Administración, incluida la celebración de consultas con los interlocutores sociales.

Los miembros empleadores declararon haber escuchado con suma atención el debate, conscientes del interés suscitado por este tema, también notaron las claras divergencias que éste evidencia. Destacaron que sí hay una situación de incumplimiento del Convenio, en dicha apreciación discrepan con lo manifestado por el representante gubernamental. Luego de dar lectura al artículo 3 del Convenio, enfatizaron que no se estaba dando efecto al mismo, ante la ausencia de participación de organizaciones muy representativas, como son FEDECAMARAS, la CTV, la UNETE, la CGT, y CODESA. Las conclusiones de la Comisión deben reflejar dicho extremo. Notaron con agrado que el régimen laboral transitorio ya no está en vigor, situación que no había sido hecha de su conocimiento y que generaba una enorme inquietud. Por otro lado, manifestaron su preocupación al observar que la Comisión de Expertos no había tomado debida nota de las informaciones que FEDECAMARAS había presentado en relación con ese asunto, éste debió haber sido subrayado con mayor énfasis. En el marco de la presente discusión ante la Comisión, FEDECAMARAS ha solicitado específicamente la reactivación del apartado productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario, la creación de planes para la atracción y mantenimiento de las inversiones, el cese de las ocupaciones forzosas de empresas y el respeto de la libre iniciativa empresarial. Declararon que no podían consentir una afirmación en el sentido de que sí existe una política de empleo, por el simple establecimiento de un plan en el que no participaron terceros. En efecto, el Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 no cuenta con la participación de muchos representantes de los trabajadores ni con la de la organización más representativa de los empleadores. Dicho asunto debe ser estudiado a la luz del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y, por supuesto, del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Es indispensable que haya consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Hicieron un llamado vehemente al establecimiento, de manera inmediata y efectiva, de consultas tripartitas genuinas que concluyan en la formulación e implementación consensuada de una política activa de empleo. También pidieron al Gobierno que aceptara la asistencia técnica y la misión tripartita de alto nivel solicitada el año pasado. Consideraron que es urgente tomar medidas, y que por ello consideran indispensable que las conclusiones figuren en un párrafo especial.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con gran preocupación de que el Gobierno aún no ha dado curso a las conclusiones de 2016 de la Comisión.

La Comisión tomó nota de la falta de diálogo social en relación con una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

A la luz de la discusión, la Comisión instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que, con la asistencia técnica de la OIT y sin dilación:

- formule, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una política de empleo orientada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en un clima de diálogo exento de cualquier forma de intimidación;

- adopte medidas concretas para poner en práctica una política de empleo que estimule el crecimiento y el desarrollo económicos, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo, e

- institucionalice un debate tripartito, con la presencia de la OIT, para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables.

La Comisión pidió al Gobierno que aplique el Convenio núm. 122 y dé seguimiento sin mayor dilación a las conclusiones de 2016 de la Comisión. Asimismo, pidió al Gobierno que informe con detalle antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos, que se celebrará en noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.

El representante gubernamental agradeció los esfuerzos realizados por la Comisión. No obstante, declaró que se oponía a las conclusiones leídas en la Comisión por considerar que en ellas se dan por ciertas informaciones sesgadas, poco veraces e infundadas y sin relación con el Convenio núm. 122. En particular, las conclusiones no tienen en cuenta lo manifestado por el Gobierno, los trabajadores y los representantes de otros gobiernos que han participado en el debate, lo que las aleja de la objetividad y la transparencia y afectan a la credibilidad de la Comisión. Por ese motivo, consideró que urge una mejora de los métodos de trabajo de la misma para evitar la formulación de conclusiones subjetivas, desproporcionadas e inaplicables. El orador manifestó que el Gobierno seguiría cumpliendo con los convenios ratificados y desarrollando políticas en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano, y añadió que esperaba que la OIT reconociera los resultados de estos esfuerzos. Por último, subrayó el hecho de que poco antes de la celebración de la reunión tripartita con el Director General, la Organización de Empleadores Venezolanos (FEDECAMARAS), esta Federación comunicó que no asistiría a la misma, argumentando que deseaba «un ambiente neutral y de discreción, sin intereses de naturaleza política». A este respecto, el orador destacó que la autoexclusión por FEDECAMARAS del diálogo tripartito, además de no ayudar al sector empleador venezolano, contradice las acusaciones formuladas contra el Gobierno de estar cerrado al diálogo social. Por último afirmó que, al contrario, el Gobierno se mantiene siempre dispuesto a este diálogo, e invitó a la Comisión a que incluya en las conclusiones un llamado expreso a FEDECAMARAS para que se incorpore al diálogo nacional e internacional.

Los miembros empleadores declararon que deseaban dejar constancia, sin reabrir el debate, que la reunión tripartita que se había convocado para el día anterior entre el Gobierno y los interlocutores sociales, lamentablemente no había incluido una invitación a todas las organizaciones de trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela presentes en la Conferencia. En vista de esa falta de equilibrio en la representatividad, la organización de empleadores había decidido abstenerse de participar en dicha reunión.