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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Tomando nota de que la memoria anterior del Gobierno se presentó en 2015, la Comisión saluda los esfuerzos desplegados por el Gobierno para cumplir sus obligaciones en materia de presentación de memorias, a pesar de la complejidad de la situación sobre el terreno y de la continuación de las hostilidades en ciertas partes del país.
Artículos 1, 1), 2, 1) y 25 del Convenio. Situaciones de trabajo forzoso derivadas del conflicto armado. Trata de personas y esclavitud sexual. La Comisión recuerda la Ley núm. 3 sobre la Prevención de la Trata de Personas, de 2010, que prevé una protección especial de los niños víctimas de trata, y por la que se creó en 2010, el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas. La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual, en 2020, se reconstituyó el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. El Gobierno se refiere asimismo a la adopción de un nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Trata para el periodo 2020-2022 basado en cuatro pilares: i) la prevención, que consiste en la formulación de políticas encaminadas a reducir la trata de personas, en particular de las mujeres y los niños, a sensibilizar al público y a fortalecer las capacidades nacionales; ii) la protección, poniendo énfasis en la identificación y la protección de las víctimas; iii) los procedimientos judiciales, incluidas medidas encaminadas a garantizar la realización de investigaciones, la imputación de cargos y la coordinación eficaz entre las autoridades competentes, y iv) la creación de alianzas, a través del fortalecimiento de la cooperación local, regional e internacional.
La Comisión toma nota asimismo de la información estadística comunicada por el Gobierno. La Comisión observa el aumento del número de violaciones relacionadas con la trata, que aumentaron de 103 casos en 2022 a 136 casos en 2023, y que en el primer semestre de 2024 se registraron 84 casos, y el número de detenidos asociados fue idéntico (84). En lo referente a los casos de explotación sexual y de prostitución, la Comisión toma nota de que el número de violaciones registradas aumentó de 94 casos en 2022 a 129 casos en 2023.
La Comisión toma nota de que, en 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023) indicó que las partes en el conflicto perpetraron directamente, toleraron o fueron incapaces de impedir actividades delictivas como el tráfico, la corrupción y la extorsión acompañadas de violencia (A/HRC/55/64). La Comisión toma nota además de que, en el documento general de 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria subrayó que los miembros del EIIL (Daesh) han sometido a las mujeres y niñas yazidíes a esclavitud, tortura, tratos inhumanos, asesinatos y violaciones, inclusive a través de la esclavitud sexual.
La Comisión expresa su profunda preocupación por el hecho de que la trata de personas y la esclavitud sexual son prácticas que siguen ocurriendo a gran escala en el país. La Comisión urge firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para poner término inmediatamente a estas prácticas que constituyen una violación grave del Convenio, y para garantizar la plena protección de las personas que son víctimas de dichas prácticas. La Comisión recuerda que es esencial que se impongan sanciones penales adecuadas a los autores de tales actos, a fin de que el recurso a la trata o a la esclavitud sexual no quede impune. Pide al Gobierno que comunique información, indicando el número de investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo, así como las sanciones específicas aplicadas en virtud de los artículos 10 y 11 de la Ley núm. 3 sobre la Prevención de la Trata de Personas, de 2010. Pide asimismo al Gobierno que indique los resultados obtenidos en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata (2020-2022).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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